De esta manera, resaltó que "en el artículo 35 de dicha ley se establecen las posibilidades de actuación de las Comunidades Autónomas mediante la suscripción de convenios con los países de origen que permitan la atención e integración social de los menores en su entorno geográfico de procedencia".

Ruano incidió en que la reforma legal contempla una colaboración más efectiva entre Estado, Comunidades Autónomas y ONG's, "al posibilitar que la tutela de los menores, que hasta ahora sólo podía ser administrativa, la puedan asumir personas jurídicas permitiendo así la intervención directa de las ONG's".

Asimismo, reconoció que esta Ley permite a las comunidad autónomas puedan acordar entre ellas la transferencia de la tutela y custodia de los menores, pero lamentó "que no se contemplara en su reforma la propuesta de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, por la que la situación de los menores extranjeros no acompañados se consideraba un problema de Estado".

Por su parte, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, entendió que la sociedad sí debe lograr, a medio y largo plazo, "la aceptación de estos menores para facilitar su integración y adaptación". En este sentido, "es capital la educación en valores e impulsar las reformas oportunas que eviten la precariedad y el riesgo en el que malviven algunos de ellos", avanzó. En aras de conseguir una respuesta judicial más efectiva "son muy importantes las conclusiones de estas jornadas".

Finalmente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro, insistió, en la línea apuntada por el consejero, en "propiciar un sistema de atención a los menores que estén en situación de riesgo en su país de origen".