La democracia y la justicia españolas "corren el riesgo de verse afectadas en su credibilidad" por las querellas contra el juez Baltasar Garzón, advirtió hoy el Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

El Observatorio, como programa de acción fundado en la convicción de que el refuerzo de la cooperación y de la solidaridad respecto a los defensores de derechos humanos y de sus organizaciones contribuye a romper el aislamiento en el cual ellos se encuentran, ha considerado en un comunicado que "hay en curso una persecución para dañar la imagen pública del juez y para poner fin a su carrera judicial", y cuestiona que se le persiga por intentar ayudar a las víctimas.

"Sorprende que el único juez que se ha atrevido a intentar cumplir las demandas de las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen franquista sea objeto de persecución penal y pueda ser objeto de suspensión de su condición de juez", dice el comunicado.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos recordó que se ha presentado al gobierno español una carta abierta de apoyo al juez Garzón firmada por una sesenta organizaciones de defensa de los derechos humanos y por más de 150 juristas, abogados, jueces, profesores universitarios y defensores de derechos humanos de distintas nacionalidades.

El Observatorio hizo hincapié en que considera que "España sigue incumpliendo sus obligaciones internacionales y, en concreto, las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas", en referencia a la no prescripción de los delitos de lesa humanidad.

El pasado 7 de abril, el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela consideró que había base para proceder contra Garzón por un delito de prevaricación, porque ignoró la Ley de Amnistía promulgada en España en 1977 al investigar las desapariciones ocurridas durante el franquismo.

En 2008 el juez se declaró competente para juzgar las desapariciones en la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), para lo que ordenó abrir algunas fosas donde se sospechaba que podía haber cuerpos de desaparecidos.

El Tribunal Supremo admitió a trámite una denuncia interpuesta por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y por Falange Española, ésta última fue excluida del procedimiento el pasado 23 de abril y el mismo juez Varela ha rechazado el nuevo escrito de acusación.