El estudio sobre el impacto económico presentado hoy por el alcalde de la capital abulense, Miguel Ángel García Nieto, calcula que serán 581 los empleos que se perderán por este motivo, entre profesorado y contratas en la Escuela de Policía, y en todos los sectores de la actividad de la ciudad.

Entre otros datos, se destaca la repercusión de 4,8 millones de euros en la cesta de la compra de los alumnos, los carburantes, los alquileres y, entre otros, el gasto de quienes asisten a la entrega de los nuevos policías.

El equipo de Gobierno, del PP, presentará en el pleno del próximo viernes una moción de lo que consideró el alcalde "una tropelía" para la ciudad, y para pedir que se revoque la orden publicada. La propuesta pretende una oferta de empleo "ajustada a los recursos económicos de la ciudad.

El alcalde criticó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por la respuesta ofrecida en el Senado a este asunto para "una cuestión de estado" que "no tiene precedentes".