Una nueva guerra del agua enfrentó este miércoles a varias comunidades autónomas. Esta vez fue la propuesta de Estatuto de Castilla-La Mancha, que incluía una "reserva hídrica" de 4.000 hectómetros cúbicos. En la práctica hubiera supuesto la derogación del trasvase del Tajo a cuencas del Segura que abastecen a la Comunitat Valenciana y Murcia.

La reserva, auspiciada tanto por el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, como por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, contaba con la oposición de populares y socialistas valencianos y murcianos.

Este miércoles el PSOE sacó adelante el texto de Castilla-La Mancha, pero el PP votó en contra por incluir el término "reserva hídrica", lo que aboca al fracaso al Estatuto, que precisa un acuerdo entre las dos fuerzas mayoritarias.

Así, los ganadores del pulso han sido el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, e indirectamente el socialista Barreda, ya que la imagen de Cospedal, que aspirará a presidenta de Castilla-La Mancha, queda ahora muy devaluada en su región.