En una respuesta escrita del Congreso, consultada por Europa Press, el Gobierno señala que en el centro de Castellón I se iniciaron en febrero los trámites para cubrir la vacante de traductor en dicha penitenciaria.
Por otro lado, también en una respuesta parlamentaria a la diputada valenciana del PP Marta Torrado, el Ejecutivo socialista informa de que las actuaciones delictivas, como son las amenazas realizadas por internos en los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, son "siempre investigadas" y, si es necesario, denunciadas.
En este sentido, explica que las denuncias que se formulan son independientes de una posible sanción disciplinaria penitenciaria que pudiese recaer en quien profiriese dichas amenazas. En este sentido, asegura el Gobierno que "no existe ningún comportamiento pasivo a este respecto".
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