El Gobierno "tiene las manos limpias" y en los últimos 11 años "no ha habido corrupción política en Aragón"

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, aseguró hoy que el Ejecutivo aragonés "tiene las manos limpias" y manifestó que desde que en la Comunidad autónoma gobiernan en coalición Partido Socialista (PSOE) y el Partido Aragonés (PAR), hace once años, "no ha existido corrupción política en Aragón".

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, aseguró hoy que el Ejecutivo aragonés "tiene las manos limpias" y manifestó que desde que en la Comunidad autónoma gobiernan en coalición Partido Socialista (PSOE) y el Partido Aragonés (PAR), hace once años, "no ha existido corrupción política en Aragón".

"No ha habido ninguna sentencia por corrupción", subrayó Velasco, en una comparecencia ante el pleno de las Cortes autonómicas, solicitaba por el Partido Popular (PP) al presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, que asistió al debate, si bien respondió en su lugar el consejero de Presidencia.

El PP pidió al Ejecutivo que explicara su posicionamiento sobre la corrupción en Aragón y las medidas arbitradas en esta legislatura para impedirla. Velasco, tras afirmar que no había habido sentencias por corrupción, añadió que el caso del Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza) "no se puede esconder". Según comentó, "se va a saber todo, queda mucho por hacer y habrá un juicio público".

No obstante, remarcó que en este proceso judicial "no hay ni un solo imputado relacionado con el Gobierno de Aragón" y por eso se preguntó "qué tipo de responsabilidad política se nos puede achacar". El Gobierno aboga por una "corrupción cero", añadió, para recordar que Iglesias había respondido en seis ocasiones a la oposición sobre este asunto.

Además, apuntó que este caso —todavía en fase de instrucción y con 36 imputados, entre ellos, la alcaldesa, María Victoria Pinilla, y dos concejales, Juan Carlos Rodrigo Vela y Fernando Miguel Barba— es "el único que tenemos de gravedad" y "está en un proceso judicial normalizado".

Pinilla y Rodrigo Vela ingresaron en prisión preventiva el 23 de marzo del pasado año y salieron de la cárcel, bajo fianza, el 17 de junio de 2009, en el caso del concejal, tras pagar 150.000 euros, y el 21 de julio, María Victoria Pinilla, que tuvo que aportar una fianza de 800.000 euros.

Velasco reconoció que Pinilla "no debería estar ejerciendo" el puesto de alcaldesa, como ocurre desde que salió de prisión, pero, "con la legislación actual", no se puede impedir que lo haga, afirmó. También puntualizó que los delitos imputados en este caso son de índole económica, no urbanística, de forma que todas las actuaciones autorizadas por el Gobierno de Aragón en La Muela son "acordes" a la legislación e indicó que no se puede pedir al Ejecutivo que inicie investigaciones en ámbitos "en los que no tiene competencias ni las tendrá jamás".

Por otra parte, se preguntó si "puede que haya intereses en que la resonancia del caso sea la máxima, en desprestigiar a la clase política y en que las aguas no discurran de forma pacífica y en sus justos términos".

Uno en once años

El consejero argumentó que "si aparece un caso en once años no podemos dar título de generalidad; podemos hablar de este tema, pero no plantearlo como elemento nuclear de la Comunidad autónoma", algo que, además, "perjudica" al resto de alcaldes y a los "miles y miles" de cargos electos que ha habido en los últimos once años.

En ese periodo, "ningún concejal, ni diputado autonómico, ni provincial, ni consejero del Gobierno de Aragón, ni consejero comarcal ha sido condenado por corrupción, de ningún partido político, ni de ninguna coalición electoral", apostilló.

Velasco continuó al señalar que "somos una Comunidad autónoma donde se hace la política con limpieza, honradez, con respeto hacia la gestión de lo público y donde los sistemas de control funcionan con absoluta normalidad, de eso me congratulo y me felicito y lo hago extensivo al Gobierno de Aragón y los ayuntamientos de la Comunidad autónoma".

En este sentido, recordó que según el última Barómetro de opinión realizado en Aragón, sólo el 1,5 por ciento de los encuestados consideró como principal problema de la Comunidad la corrupción política, "seguramente porque Aragón no tiene nada que ver con lo que ocurre en otras Comunidades autónomas".LEGITIMADO

El portavoz del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Eloy Suárez, trasladó la condena "sin paliativos" de su grupo a "cualquier caso de corrupción, se produzca donde se produzca y sea del partido que sea", si bien se consideró "muy legitimado" para hablar de esta cuestión "porque en el PP de Aragón estamos con las manos limpias, no tenemos ningún presidente condenado".

Añadió que en la Comunidad autónoma la corrupción política "se ha focalizado en La Muela" y opinó que hay "responsabilidad política, ética y social" del Gobierno de Aragón en este caso puesto que el urbanismo "es competencia de los ayuntamientos, pero también del Gobierno de Aragón" ya que "determinadas figuras de planeamiento tienen que ser aprobadas por órganos del Ejecutivo aragonés".

En esta línea, afirmó que, "según los informes de la policía, las relaciones de Pinilla con miembros del Ejecutivo" han sido "decisivas para que se produjeran determinados delitos en La Muela", de forma que la alcaldesa "pedía favores y lo que un día era no acababa siendo que sí".

La diputada de Chunta Aragonesista (CHA), Nieves Ibeas, preguntó a Velasco si creía "que en La Muela se está vivienda la estricta normalidad de un Estado de Derecho", cuando una alcaldesa, "que tiene imputaciones tan graves, vuelve a ocupar el cargo en el que supuestamente ha cometido delitos" y agregó que "muchas de las cosas que las que se han hecho" en La Muela "se han podido hacer porque había firmas de miembros del gobierno y de la administración".

Corruptos y corruptores

El portavoz de Izquierda Unida, Adolfo Barrena, comentó que si hay "corruptos, también corruptores" y advirtió que de que "es negativo poner en cuestión a toda la clase política", al tiempo que manifestó que impulsar este tipo de debates "sólo beneficio a la derecha" porque lleva a muchos votantes de izquierdas a dejar de votar.

El portavoz del PSOE, Jesús Miguel Franco, argumentó, por un lado, que "no hay que elevar a la categoría universal un hecho grave y vergonzoso" y, por otro, recalcó que "no ha habido ningún delito imputado, ni ninguna acusación, a ningún miembro del Gobierno".

El diputado del PAR, Miguel Ferrer, señaló que su partido "está en contra de cualquier forma de corrupción", si bien "todos sabemos que en todas las instituciones hay personas susceptibles a la corrupción política y en todos los partidos personas que, con su actuación ensucian el buen nombre de la mayoría de representantes políticos, que día a día trabajan y lucha para beneficiar a la sociedad" y, como resultado, se produce "el desprestigio de instituciones y de los políticos".

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