En este sentido, la presentación de la cita contó hoy con la presencia del presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Sebastián Grisaleña; el secretario general de la CCE, José Cristóbal García; el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Ignacio Díaz de Lezcano; el delegado autonómico en Canarias de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), Orlando Luján Mascareño; y el socio responsable en Canarias del Bufete de Abogados Garrigues, Antonio Viñuela.

Grisaleña explicó que las islas están pasando en la actualidad por una situación difícil, donde los últimos datos advierten de una caída del 4,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y con una tasa de paro que ronda el 27 por ciento. "De ahí que estemos buscando soluciones para acometer reformas que nos permitan salvar las barreras e inconvenientes que impiden que la economía despegue con ciertas garantías", dijo.

Al respecto, aseguró que en caso de la RIC, se ha reducido su efectividad con una disminución de beneficios de las empresas, a lo que hay que sumar la "inseguridad jurídica" a la que se enfrentan los empresarios para la aplicación de la Reserva de Inversiones, "lo que ha supuesto un efecto disuasorio, en muchos casos, de la inversión".

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