La organización ecologista Greenpeace ha tratado este viernes de impedir que un buque cargado con carne de ballena zarpara del puerto holandés de Rotterdam, aunque el barco pudo partir finalmente tras recibir el visto bueno de las autoridades portuarias.

Greenpeace había pedido que se investigara el carguero Nyk Orion por comerciar con carne de cetáceo, una práctica restringida a nivel internacional, pero la Policía permitió que el barco siguiera adelante después de verificar que los documentos sobre su mercancía estaban en orden, según recogen los medios holandeses.

La policía intervino después de que un grupo de activistas se encadenara esta mañana a las amarras del barco en el puerto de Rotterdam, con la intención de impedir que la carga de trece rorcuales o ballenas de aleta ("Balaenoptera physalus") llegara a Japón, su destino final.

A juicio de la organización ecologista, si Holanda facilita el comercio de carne de este tipo de ballena, declarada en peligro de extinción, contribuirá a su desaparición.

El Gobierno holandés "debe clarificar su posición" si no quiere ser "parcialmente responsable" de la extinción de especies amenazadas, afirma el responsable de Greenpeace Holanda, Pavel Klinckhamers, en un comunicado en la página web de la organización.

Con este tipo de acciones, Greenpeace pretende "enviar una señal clara a todos los países balleneros", como es el caso de Islandia, de donde provenía la carne de las 13 ballenas transportada en los 7 contenedores del barco, añadió Klinckhamers.

Menos de 50.000 especímenes

El rorcual común es el segundo cetáceo más grande del mundo, y se estima que en la actualidad quedan menos de 50.000 especímenes de esta especie, destaca Greenpeace.

El comercio de esta ballena y otros cetáceos está prohibido por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Este acuerdo fue firmado por 180 países, entre ellos Holanda, pero Japón e Islandia siguen practicando la caza de la ballena y su comercio "sin ninguna restricción", denuncia Greenpeace.