El diputado general de Álava, Xabier Agirre, reconoció hoy que el ex diputado de Administración Local, Alfredo de Miguel, "probablemente" incurrió en incompatibilidad con el desempeño de ese cargo por su condición de administrador de la sociedad Landaburu Etxea S.L. Sin embargo, afirmó que desconocía su participación en esa empresa, ya que De Miguel —imputado por presuntos delitos de corrupción— no incluyó el dato en su primera declaración de actividades, realizada antes de acceder al cargo.

Agirre compareció hoy ante la Comisión de Régimen Foral de las Juntas Generales de Álava para informar sobre los registros de actividades, bienes e intereses presentados por el ex diputado de Administración Local, que dimitió de su cargo el pasado día 18 tras ser imputado por un juzgado de Vitoria -junto a otras siete personas vinculadas al PNV-, por su presunta relación con una trama de corrupción urbanística.

En los últimos días, el PP ha denunciado que De Miguel incurrió en una incompatibilidad para el ejercicio de su cargo por su presencia y participación en sociedades mercantiles como Landaburu Etxea S.L., a través de la que el PNV adquirió su nueva sede de Vitoria, y de la que era administrador único desde 2006.

El ya ex diputado no mencionó su participación en esta empresa en su declaración de actividades de octubre de 2007, realizada antes de acceder al Departamento de Administración Local y Equilibrio Territorial, aunque, según indicó el propio Agirre, sí la incluyó en una nueva declaración realizada en octubre de 2008, cuando ya había sido designado diputado foral.

Agirre aseguró que el decreto que firmó el 21 de enero de 2008 en el que determinaba la compatibilidad de los diputados forales, entre ellos De Miguel, se realizó de acuerdo al visto bueno otorgado por la Secretaría General de la Diputación, realizado sobre la base de la declaración presentada en 2007 por el ahora imputado.

"datos incompletos"

El máximo responsable del Ejecutivo foral manifestó que, si los datos incluidos por De Miguel en aquel primer documento "fueron incompletos o inexactos", la responsabilidad "será imputable en exclusiva al propio declarante", ya que la Secretaría General no tiene que dedicarse a "labores detectivescas" para analizar la exactitud de los datos.

De todas formas, afirmó que, a pesar de las "maledicencias que se están lanzando", considera que De Miguel "no actuó de mala fe", ya que entonces no habría realizado una segunda declaración para dejar constancia de que era el administrador único de Landaburu Etxea S.L. "No hubo ningún ánimo de ocultación", añadió.

Agirre reconoció que, "probablemente", la condición de administrador de dicha empresa del ex diputado era incompatible con el cargo que desempeñaba en el Gobierno foral. "Eso no se lo voy a negar", indicó, en referencia al portavoz del PP en las Juntas, Javier De Andrés.

Secretaría general

Sin embargo, añadió que si, tras el nombramiento de De Miguel, éste presentó una nueva declaración que modificaba la anterior "es la secretaria general la que tiene la responsabilidad, por norma foral, de controlar, revisar y advertir".

Agirre consideró que la Secretaría General "es la que tenía que haber emitido un nuevo informe" en la que le indicara que De Miguel "o cesa de diputado o en sus actividades de administrador de Landaburu Etxea".

El diputado general rechazó que, en su condición de miembro del PNV, conociera que De Miguel era el administrador único de la sociedad empleada para la adquisición de la nueva sede del partido en Vitoria. En este sentido, recordó que no desempeña cargo alguno en la ejecutiva alavesa del partido.

El Jefe del Gobierno foral informó de que "antes de tomar ninguna medida" en este sentido, hablará con la secretaria general, que actualmente está de baja, para conocer "sus razones" para no haber emitido un nuevo informe de compatibilidad. Aunque aseguró no pretender "escudarse" en nadie, añadió que "cada uno deberá asumir su responsabilidad".

Revisar las declaraciones

De todas formas, y para tener una "mayor seguridad jurídica", Agirre ya ha encargado a la Secretaría General "que revise las declaraciones de actividades de todos los diputados y altos cargos para que, en su caso, se emita un nuevo informe de compatibilidad" para el desempeño del cargo. "Quien lo tenía que haber hecho antes, bajo mi punto de vista, es la Secretaría General", insistió.

Por otra parte, se dirigió al PP para advertirles de que en este asunto el PNV "ha actuado de forma distinta" al Partido Popular, a quien, tras citar presuntos casos de corrupción como el 'Gürtel' o 'Palma Arena', reprochó que pretenda darle "lecciones".

"deterioro político"

El portavoz 'popular' en las Juntas Generales, Javier de Andrés, destacó el "deterioro político" que sufre la Diputación alavesa y destacó que, además de administrador en Landaburu Etxea, De Miguel también era apoderado de la sociedad Eskalmelo S.L., aunque en su declaración de actividades únicamente indicó que tenía una participación del 50 por ciento en dicha sociedad.

Además, reprochó a Agirre que se "escude" en la Secretaría General, cuando "la responsabilidad es íntegramente" del propio diputado general, a quien criticó por no haber solicitado a este órgano un nuevo informe de compatibilidad sobre De Miguel.

Por parte del PSE, Txarli Prieto, rechazó hacer "juicios paralelos" sobre este asunto, aunque advirtió de que si la investigación judicial acaba teniendo "afectación" sobre la institución foral o sobre la "política", su partido será "implacable".

Patxi Martínez de Albeniz, de EA, agradeció la "rapidez y contundencia" con la que ha actuado el diputado general, e indicó que su partido, socio de gobierno del PNV en la Diputación, esperará a que se levante el secreto de sumario para analizar la situación en profundidad.

El representante de la izquierda abertzale, Aitor Bezares, lamentó que la "sospecha" sobre la presunta trama de corrupción haya llegado hasta la Diputación. Por parte de Aralar, Iñaki Aldecoa, planteó la posibilidad de constituir una comisión de investigación sobre este caso.