El director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Antonio Alastrué, informó hoy de que los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) se redujeron en un porcentaje de entre el diez y el quince por ciento en 2010 en la Comunidad y el número de personas afectadas disminuyó entorno a un cincuenta por ciento.

En una comparecencia, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, en las Cortes de Aragón, Alastrué indicó que en 2009 se produjo un "importante incremento" en el número de expedientes, un total de 969, mientras que en los dos primeros meses de 2010 se registraron 140, lo que supone una reducción de entre el diez y el quince por ciento en el mismo periodo.

En referencia a las personas afectadas, en 2009 fueron 44.652, mientras que en enero y febrero de 2010 fueron 2.851, lo que supone una caída del cincuenta por ciento en el mismo periodo. "Estas cifras evidencian que, frente al repunte de 2009, en 2010 hay un descenso, si bien sigue siendo significativa la cantidad de expedientes", indicó Alastrué.

Por sectores, se constata un descenso en los del sector industrial, que pasaron del 84 por ciento en 2008 al 47 por ciento de la actualidad; mientras que en el sector servicios el porcentaje creció del 15 al 30 por ciento, algo que también ocurrió en la construcción, pues en 2008 "prácticamente no había expedientes", mientras que en la actualidad suponen el 24 por ciento del total.

Alastrué destacó que la mayor parte de los expedientes son de suspensión, alrededor del 82 por ciento, "una política que se ha ido consolidando gracias a la intermediación de la autoridad laboral", pues en 2008 el total de expedientes de suspensión se situó en el 62 por ciento. "Hay consecuencias para los trabajadores, pero son temporales y no se destruye empleo, lo que supone un lado positivo", sostuvo.

En este sentido, informó de que en 2009 hubo 40.915 personas afectadas por un expediente de suspensión y 3.528 por uno de extinción, mientras que en los dos primeros meses de 2010 hay 2.246 afectados por expedientes de suspensión y 564 por expedientes de extinción.

Acuerdo entre las partes

El director general de Trabajo recalcó que entre el 83 y el 90 por ciento de los expedientes llegan a la autoridad laboral con un acuerdo entre empleados y empresa "por lo que sólo hay que limitarse a convalidar el expediente", mientras que la mayor parte de los que no llegan con acuerdo se desestiman.

Alastrué incidió en que el expediente "es un proceso legal, lo que evita la posibilidad de que se acometan abusos, es garante y necesita de causas para justificarse", además de que se presupone "buena fe" a las partes implicadas.

El diputado del Partido Popular, Manuel Guedea, preguntó a Alastrué si se había analizado el tiempo medio de la duración de las suspensiones y si el dato era homogéneo por sectores, así como si valoraba la posibilidad de impulsar la reducción de la jornada para evitar la pérdida de empleo, y si el alto nivel de consenso que se alcanza en Aragón en los expedientes ocurre también en otras Comunidades o si es algo significativo.

En este sentido, Alastrué le contestó que "el grado de consenso y cooperación que se da en Aragón es muy alto, superior al de otras Comunidades, lo que provoca que el número de expedientes impuestos sea mucho menor".

El diputado de Chunta Aragonesista, Chesús Yuste, reclamó al Gobierno autónomo que, aunque se presuponga que en la presentación de expedientes hay "buena fe", en el procedimiento "se debería actuar como si no la tuvieran".

"Es cierto que es un procedimiento reglado, pero es necesario el máximo rigor para evitar abusos" ya que "el boom de los expedientes del último año se ha visto desde la sociedad como un abuso para aligerar plantillas y empeorar las condiciones laborales de los empleados", advirtió. Añadió que en 2010 "hay menos expedientes, pero tal vez haya más despidos".

Inspectores de trabajo

El portavoz de Izquierda Unida en las Cortes, Adolfo Barrena, reclamó un incremento en el número de inspectores de trabajo "porque la autoridad laboral es determinante y hay que recordar que la empresa es la que tiene la sartén por el mango, aunque haya acuerdo en los expedientes".

Además, Barrena preguntó si las empresas que reciben ayudas o bonificaciones por acogerse a expedientes de suspensión en lugar de a los de extinción pueden, posteriormente, acogerse al segundo, o si es posible que a una empresa que registre beneficios se le admitan los expedientes.

Por otro lado, Barrena consideró que deberían impulsarse los expedientes de reducción de jornada, en lugar de las suspensiones, y fomentar la formación de esos trabajadores. "En tiempos de crisis, las rentas empresariales han subido tres veces lo que las rentas del salario" y "desde la izquierda decimos que hay que trabajar menos para repartir más, repartir el trabajo para que puedan trabajar todos", dijo.

Barrena también se refirió a la petición del Gobierno de Aragón a la dirección y trabajadores de la planta de General Motors (GM) España en Figueruelas (Zaragoza) para que finalicen lo antes posible la reestructuración, y consideró que "a quien habría que presionar es a la empresa para que sea más social y no a los trabajadores, que defienden sus derechos".

En respuesta, Antonio Alastrué sostuvo que Aragón tiene el mayor número de inspectores de trabajo en términos relativos del conjunto de España "porque se han realizado actuaciones dirigidas a la autoridad central para que así fuera".

"Estamos mejor que otras Comunidades" y, "ahora mismo, la labor de los inspectores está muy concentrada en expedientes y economía sumergida —que se quiere resolver porque es competencia desleal—. Este tema entiendo que está razonablemente encarrilado, aunque todos siempre podemos querer incremento de recursos", afirmó.

Además apuntó que la normativa "no hace exclusiones" a la hora de admitir o no los expedientes de empresas, aunque tengan beneficio o subvenciones, y que el impuso de los expedientes de regulación de jornada "es un tema que se está estudiando a nivel legislativo nacional, porque ahora no es interesante ni para la empresa, ni para los trabajadores".

Situación "dura"

La diputada del Partido Socialista, María Pilar Palacín, uno de los grupos que apoya al Gobierno aragonés, recordó que 2009 "ha sido el año de la crisis económica más dura de los últimos ochenta años, no sólo para los números, sino sobre todo para los trabajadores afectados y la empresas", lo que refleja una situación "muy comprometida", si bien incidió en que "la situación económica y de empleo por la que atravesamos es la que es".

Añadió que "la nota que da luz en el túnel" es que se frena la curva ascendente de expedientes y que, de los que hay, la mayoría son de suspensión o de reducción de jornada, si bien expuso que "detrás y delante de cada cifra hay un trabajador que se ve tocado y pasa por una dura situación".

"Hay que trabajar para salir reforzados en el siguiente ciclo que, más pronto que tarde, llegará con los resultados que todos deseamos", concluyó.

La diputada del Partido Aragonés, Ana de Salas, el otro grupo que apoya al Gobierno, puso en valor el porcentaje de expedientes de suspensión y el hecho de que el Gobierno autónomo "inste a que se evite la extinción con expedientes que se utilicen como medida temporal necesaria para superar una situación de carácter coyuntural".

Además, reconoció que la reducción de jornada "casi no se utiliza" por las empresas, un hecho que debería debatirse dentro de la modificación de las relaciones laborales, y esperó que la tendencia en la reducción de expedientes "continúe y se puede estabilizar para, poco a poco, entrar en una fase de crecimiento económico y generar empleo".