Los tres grupos con representación en la Cámara —PPdeG, PSdeG y BNG— prolongarán hasta el miércoles el trabajo en ponencia de la Ley del Suelo, cuya reforma permitirá regularizar instalaciones construidas en suelos no urbanizables según la normativa vigente. En este sentido, estudiarán la posibilidad de que los plazos para ajustarse a la legalidad sean tres y dos años para naves industriales y viviendas, respectivamente.

El alcance de las legalizaciones y el procedimiento en que se realizará permanece como principal punto sin cerrar en la ponencia, según fuentes consultadas de los grupos de la Cámara. Así, el debate sobre estos aspectos continuará el miércoles, coincidiendo con el pleno de la Cámara, cuando los representantes de las formaciones políticas lleven una propuesta al respecto y después de que se retrasasen los trabajos en la ponencia debido al informe del Gobierno central, en el que hace "observaciones" sobre nueve puntos del proyecto de Ley del Suelo, que insta a modificar.

Según socialistas y 'populares', comparten la filosofía general de la modificación de la normativa, si bien esta situación no garantiza el voto favorable del PSdeG a la normativa final. Con todo, destacaron que buscarán el consenso hasta el final y aseguraron que no promoverán una "amnistía" para regularizar todas las viviendas y naves industriales que quedaron al margen de la ley y que son anteriores a 2002, cuando Cuíña promovió la normativa vigente y posteriormente modificada en tres ocasiones.

Así las cosas, los grupos prevén que la regularización de naves y viviendas tenga un coste para los propietarios, que deberán hacer efectivo en el plazo que finalmente se establezca, pero que todavía está sin cerrar. Tampoco está fijada la repercusión económica, si bien estudiarán que sea a través de un canon por metro cuadrado —que el PSdeG propone en ocho euros— o por el pago de algún impuesto.

"Hay que ver cómo se perfila, no va a ser ninguna amnistía, es un mecanismo extraordinario", consideró Mar Barcón (PSdeG) al concluir la ponencia parlamentaria, no con vocación recaudatoria. Por su lado, Román Rodríguez destacó que la ley "no se tiene afán recaudatorio" y explicó que se trata de que "no salgan perjudicados los que pagaron".CONSENSO

Socialistas y 'populares' se mostraron recientemente abiertos a alcanzar un consenso por el territorio y en la reforma de la Ley del Suelo, aunque el PSdeG advirtió en días pasados de que no apoyaría una reforma "raquítica" de la Ley del Suelo que sólo sirviese para "legalizar aquello que no puede ser legalizado".

Por su parte, los nacionalistas manifestaron sus reticencias a la reforma de la normativa desde un primer momento y, de hecho, demandaron la devolución del texto al Gobierno para redactar, con "consenso", una reforma completa, pero su enmienda a la totalidad fue votada en contra del PPdeG y contó con la abstención del PSdeG.

Con todo, el debate final en ponencia sobre estos puntos continuará el miércoles, ya que hoy hubo un "cambio de ruta" en los trabajos debido al informe presentado por el Gobierno central y que abordaron los representantes de los tres grupos. Al respecto, los representantes políticos aseguraron que se asumieron las modificaciones "técnicas" propuestas por el Ejecutivo central.

Se admiten siete objeciones

Por su parte Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas explicó que el informe del ministerio fue remitido a la Administración gallega el pasado martes y dio origen a otro documento de respuesta de la Xunta, tras lo que ambos Ejecutivos se pusieron de acuerdo para aceptar siete de los nueve puntos sobre los que Vivienda hace "observaciones" y mantener otros dos, que ya aparecían en el texto vigente con la misma redacción.

Fuentes de la consellería indicaron que las "objeciones" del ministerio se refieren a aspectos de la ley que no son "básicos", sino cuestiones "concretas" y, en algunos casos, "extemporáneas". En este sentido aludieron en concreto a los argumentos de Vivienda respecto a los artículos 11 y 85 —la consideración de suelo urbano y la tramitación de planes urbanísticos, respectivamente— y explicaron que estos puntos aparecían ya con esta redacción en el texto de 2002. Son precisamente las propuestas para estos preceptos las que no admite la Xunta.

El Gobierno gallego manifestó su sorpresa por recibir un informe de estas características sobre una modificación legislativa que se encuentra en el recorrido final del trámite parlamentario y lo interpretaron en el contexto del litigio iniciado con la Ley de Cajas y con una "intención política". No obstante, la Xunta no tiene ánimo de confrontación, señalaron las mismas fuentes.

Resolver problemas "de antemano"

El informe del ministerio, que fue remitido por Política Territorial, como departamento responsable de la relación con las comunidades, tiene fecha del 17 de febrero, pero no se envió a la Xunta hasta el martes de la semana pasada. En la comunicación, remitida por el director general de Desarrollo Autonómico, Fernando Gurrea, se indica que se trasladan las "observaciones" de Vivienda, "en línea con la voluntad de colaboración" ente administraciones.

Además, considera "conveniente" dar traslado del informe para que sea "oportunamente valoradas" las objeciones "y, con el alcance y en la forma que se estime más apropiada, se pueda despejar de antemano cualquier problema que en el futuro se plantease con la aplicación" de la Ley del Suelo gallega.