Ahora deberá ser la Audiencia Provincial la que se pronuncie al respecto, ya que muchos de los recursos de reforma eran también subsidiariamente de apelación, con lo cual, una vez resueltos por el Juzgado, se tienen que elevar a la Audiencia para que se pronuncie.

Lo que se recurría era el auto del pasado 23 de diciembre por el que el se finalizó la instrucción del conocido como caso Urdicam y se imputó a 32 personas entre concejales, funcionarios, promotores y técnicos, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística, falsedad documental, estafa y delito contra la ordenación del territorio.

Catorce de esos imputados presentaron recursos ante el Juzgado oponiéndose a sus imputaciones. En concreto, recurrieron ocho concejales, el ex secretario municipal, dos técnicos municipales, dos promotores y un arquitecto de una de las empresas implicadas. En un auto fechado el pasado 1 de marzo, el Juzgado rechaza todos los recursos.

En el caso de los presentados por los ediles, el auto destaca que los recursos no cuestionan la ilegalidad de las actuaciones realizadas en el desarrollo urbanístico de las unidades de ejecución 1.33 y 1.34 del municipio castreño, y únicamente niegan la responsabilidad de estos concejales.

Sin embargo, el juez recalca que en la fase de instrucción no procede valorar la culpabilidad o no, sino simplemente los indicios, que ya fueron puestos de relieve en el auto de diciembre.

Otro tanto responde en relación al recurso del ex secretario municipal y de los dos técnicos municipales que recurrieron. Es más, en el caso de estos últimos, subraya que hay indicios de que elaboraron informes "siendo conocedores de las ilegalidades en que estaban incurriendo". Incluso, añade que la defensa del alcalde, Fernando Muguruza, ha aportado documentación que "incrimina directamente" a uno de estos técnicos.

En cuanto a los dos promotores que formularon recurso, el juez explica que niegan tanto los hechos como su responsabilidad en los mismos, pero, en su opinión, los hechos han quedado "indiciariamente acreditados" y la culpabilidad, no cabe examinarla en este momento del proceso.

Por último, el arquitecto de la promoción de Urdicam recurrió su imputación por delito contra ordenación del territorio porque, a su juicio, no se ha construido sobre dominio público hidráulico.

Sin embargo, el juez responde que las diligencias practicadas acreditan "indiciariamente" la existencia de un cauce, a la vista de las declaraciones de un responsable de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Además, el juez cree que el propio recurso del arquitecto reconoce otros extremos que abundarían en la imputación del delito de estafa.

En consecuencia, el Juzgado rechaza los 14 recursos y confirma íntegramente el auto de procedimiento abreviado del mes de diciembre por el que se imputó a 32 personas.