Salanueva, que compareció en comisión parlamentaria a petición de Nafarroa Bai, defendió que los grupos de la oposición críticos con esta operación no pueden escudarse en un supuesto "pelotazo" urbanístico para justificar su rechazo y manifestó que el acuerdo que alcanzaron el Gobierno y el PSN para facilitar el traslado de Sarriguren ya "disipa estos temores".

Frente a la postura de la consejera, los portavoces de Nafarroa Bai e Izquierda Unida expresaron su rechazo a la operación prevista por el Gobierno y el PSN, mientras que CDN expresó sus "dudas" respecto al procedimiento.

Amelia Salanueva recordó durante su intervención que "las posibles plusvalías derivadas del traslado del centro de Formación Profesional se dedicarán íntegramente a políticas públicas de suelo y vivienda, lo que desbarata la posibilidad de que la promoción urbanística privada se lucre, siquiera directamente, de los efectos de una operación urbanística pública".

La consejera subrayó que "esta medida evita precisamente que sea la promoción privada quien se beneficie de una necesidad educativa pública y garantiza que sea la Administración pública la que pueda emplear y utilizar los beneficios en iniciativas también pública".

Así, Amelia Salanueva afirmó que "no hay tal pelotazo como algunos se empeñan en calificar esta actuación si quienes se van a beneficiar tanto en educación como en vivienda son los ciudadanos de Navarra y un colectivo tan importante y amplio como el de los estudiantes, no sólo de ahora, sino de futuras generaciones".

Tras defender el acuerdo alcanzado entre Gobierno de Navarra y PSN, la consejera explicó que el Ejecutivo promoverá la declaración de esta actuación como de interés general y, además, adquirirá, a través de una entidad pública todavía sin determinar la parcela de la calle Aralar, donde actualmente se ubica Salesianos.

Salanueva añadió que para la nueva ordenación de este solar se partirá desde los condicionantes ya establecidos en el Plan Especial de Reforma Interior de Pamplona, que considera adecuada la implantación del uso residencial de vivienda, garantizando la ubicación de un nuevo Civivox y una superficie edificada sobre rasante de aproximadamente 50.000 metros cuadrados.

La consejera explicó que el nuevo centro de FP se construirá en unos terrenos urbanizables "muy bien comunicados con el conjunto de la Comarca de Pamplona e integrados en espacios urbanos con una importante capacidad residencial". "Además de sus virtudes geográficas, el emplazamiento cuenta con una población mayoritariamente joven y por tanto demandante de la formación de un centro como Salesianos", dijo.

El portavoz de Nafarroa Bai Txentxo Jiménez afirmó que su grupo no tiene "nada en contra" de Salesianos, "simplemente tenemos que decir que sus 80 años de aportación a Navarra han sido suficientemente compensados con recursos públicos".

Además, Jiménez afirmó que NaBai "apuesta por la educación pública y por la priorización de la inversión de los recursos también en FP en centros públicos, algo que no es incompatible con la formación privada". "Los 60 millones que se le van a dar a Salesianos se van a detraer de 60 millones de inversión en Formación Profesional pública", censuró.

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Ion Erro, criticó la posibilidad de que esta operación permita construir viviendas "de lujo" en la actual parcela de Salesianos y acusó al Gobierno de cometer un "ejercicio de irresponsabilidad". "En el centro de Pamplona vivirán los que pueden y en el Soto de Lezkairu los trabajadores. Eso no es justicia social. Eso no es equilibrio urbanístico, es un auténtico desastre que se hacía en otros tiempos ya superados", dijo.

Desde CDN, José Andrés Burguete trasladó a Salesianos su "reconocimiento por el buen hacer" de este centro, pero expresó ciertas "dudas" por el procedimiento utilizado por el Gobierno. "Defendemos la necesidad de que, sin ningún rubor, se traiga a este Parlamento una modificación del Presupuesto para financiar el traslado de Salesianos y el Gobierno y el Ayuntamiento se hagan con el solar, y después, sin urgencias, se decida qué se va a hacer con él. Lo demás ha sido buscar unas soluciones que a nosotros nos generan dudas", dijo.

En apoyo de la consejera, la portavoz de UPN, Amaya Otamendi, afirmó que hay que "aplaudir esta inversión en materia educativa" y valoró que "las plusvalías reviertan en la política de vivienda", al mismo tiempo que criticó las "sombras" lanzadas por la oposición hacia esta operación.

Por parte del PSN, el parlamentario José María Vázquez rechazó que el acuerdo alcanzado con el Gobierno vaya a suponer un "pelotazo" y señaló que se ha logrado "desatascar desde la iniciativa pública una cuestión que llevaba mucho tiempo enquistada". "Desde la intervención pública no se va a ocultar ningún aspecto que sea objeto de duda, sino que va a haber luz y taquígrafos", aseguró.