La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) publicó este martes su informe sobre la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual, que recomienda una "revisión integral" de la Ley que los regula y señala "una posición monopolística" de las entidades de gestión que hay en nuestro país. En concreto, hay ocho entidades de este tipo en España, siendo la más conocida la Sociedad General de Autores (SGAE).

El organismo público, encargado de preservar, garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en los mercados españoles, analiza en dicho informe los problemas tarifarios y las restricciones de la competencia en el sector.

El informe, realizado a partir del análisis del marco regulatorio y de las actuaciones de las entidades de gestión, concluye que el actual modelo "facilita el establecimiento de tarifas inequitativas y/o discriminatorias por la utilización de los repertorios" y "obstaculiza las actividades de los usuarios".

Evitar abusos

La Ley de Propiedad Intelectual debe atender "de un modo especial las nuevas posibilidades que brinda el progreso tecnológico y la creciente importancia de la gestión de los derechos en el entorno on line", aseguran desde la CNC. Y entre las recomendaciones que hacen a este respecto, consideran que deberían eliminarse "la obligatoriedad de la gestión colectiva a través de entidades de gestión en los casos en los que se impone en la actualidad" -a no ser que la orden llegue de Europa- y "el sistema de autorización administrativa" de estas entidades, proponiendo un "sistema de simple registro".

Además, considera que debe ser obligatorio que las entidades de gestión carezcan de ánimo de lucro, disponiendo de forma expresa que se pueden constituir bajo cualquiera de las formas jurídicas admitidas en Derecho.

La Comisión de la Competencia apunta, asimismo, medidas que permitan "evitar posibles abusos e ineficiencias" ante la situación monopolística y propone medidas concretas en lo respectivo a la Ley de Propiedad Intelectual. Entre ellas, considera que el titular tenga una mayor flexibilidad sobre los términos de contrato, sobre todo para "establecer que el contrato sea en términos no exclusivos". El informe también recomienda "transparencia sobre los repertorios efectivamente gestionados por las entidades".