El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de hoy el decreto que regula la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), una prestación de derecho dirigida al pago de los gastos de alquiler de aquellas familias con rentas bajas, para la que el Ejecutivo destinará 43 millones de euros.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, explicó que la PCV va a sustituir a las Ayudas de Emergencia Social (AES) de alquiler, "una prestación muy importante durante todos estos años de protección social en Euskadi, pero que no garantizaba suficientemente el pago del alquiler".

En concreto, recordó que "las AES no eran, ni son, una prestación de derecho, y la PCV sí, lo que la coloca al mismo nivel que la Renta de Garantía de Ingresos y, por lo tanto, será exigible por ley".

De esta forma, la partida económica de 43 millones de euros que el Gobierno vasco destinará al pago de la prestación, no se agota y es ampliable mientras exista la necesidad, "algo que no ocurría con las AES de alquiler, ya que no eran un derecho subjetivo". Además, subrayó que con este acuerdo, los Ayuntamientos no deberán estar pendientes de que el Gobierno libere partidas presupuestarias como era habitual, porque para a ser un derecho subjetivo.

Según explicó, las Ayudas de Emergencia Social estarán ahora más relacionadas con situaciones excepcionales de necesidad, no periódicas y para la cobertura urgente de necesidades primarias como vestido, educación, formación y atención sanitaria no cubiertas por los sistemas públicos.

Para obtener la nueva prestación, a la que se calcula que accederán más de 16.000 personas, hay que ser titular o tener derecho a serlo, de la prestación de Renta de Garantía de Ingresos y se concede por dos años, renovables si la situación de necesidad se mantiene y las personas perceptoras cumplen con las obligaciones que la Ley establece.

Estas obligaciones consisten en la firma de un convenio de inclusión y en la activación para formarse y buscar un empleo. En este sentido, Zabaleta subrayó que su departamento, "con la ayuda de los profesionales de los servicios sociales y del empleo, haremos el máximo esfuerzo para facilitar la inclusión, pero también vamos a ser exigentes con quien recibe las prestaciones".

Las familias deberán solicitar la nueva prestación a través de los Servicios Sociales de Base de los Ayuntamientos. La consejera informó de que las personas que ya venían percibiendo la prestación de Renta de Garantía de Ingresos y Ayudas de Emergencia Social para el alquiler recibirán la PCV de manera automática el mes de enero.

La Prestación Complementaria de Vivienda tiene prevista una cuantía con carácter general de 250 euros al mes, y otra de 320 euros al mes en el caso de familias con dos o más hijos menores, o en las que alguno de sus miembros disponga de rentas de trabajo. "Se busca, por lo tanto, proteger especialmente a las familias con hijos a cargo o a aquellas personas que están activadas para la búsqueda de empleo", señaló la consejera.

En este sentido, detalló que una familia media de tres o cuatro miembros puede acceder a prestaciones de alrededor de 1.250 a 1.350 euros mensuales para el mantenimiento de sus gastos básicos y el alquiler de su vivienda, sumando la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) (650,19 euros en el caso de una familia integrada por una sola persona), la PCV y el Subsidio de Monoparentalidad, que se abona en los casos de madres o padres que se hacen cargo de sus hijos en solitario, y cuya cuantía es un porcentaje (6,4 por ciento) de la RGI.

Evitar provecho ilícito

Zabaleta explicó también que el Gobierno pretende favorecer que las familias puedan compartir vivienda, aceptando la percepción de hasta dos prestaciones por domicilio, si este es compartido. "Puede ser bueno compartir un domicilio cuando no se tienen ingresos suficientes", defendió.

Sin embargo, advirtió de que el Gobierno va a estar "vigilante y será cuidadoso para que nadie utilice el sistema para sacar provecho ilícito de las prestaciones o de las personas que las perciben", en referencia a los denominados 'pisos patera'. "La normativa no permite más que esas dos prestaciones por domicilio particular, en conceptos como alquiler, coarriendo, subarriendo o alquiler de habitación, por lo que se limita el hacinamiento en un domicilio", indicó.

La titular de Asunto Sociales explicó que esta misma circunstancia se va a producir con la Renta de Garantía de Ingresos en el decreto que el Gobierno vasco aprobará en los próximos meses y con el de Ayudas de Emergencia Social. Según recordó "se pretende que las prestaciones lleguen a todas las personas que las necesitan, pero de una manera ordenada, evitando acumulaciones de prestaciones en un mismo domicilio".

Asimismo, señaló que la nueva Prestación Complementaria de Vivienda, junto con la aprobación en el primer semestre de los decretos de Renta de Garantía de Ingresos, Convenios de Inclusión, Ayudas de Emergencia Social y el III Plan Vasco de Inclusión para el quinquenio 2010-2015, completarán el desarrollo reglamentario de la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

Según Zabaleta, "el objetivo del Gobierno, desarrollando una Ley tan protectora e incluyente como ésta, fruto además del consenso parlamentario, va a situar al empleo en el centro de las políticas de ayudas a las familias necesitadas desde el convencimiento de que un puesto de trabajo es lo más incluyente en nuestra sociedad".

"El Ejecutivo es consciente del momento tan difícil que se está viviendo desde el punto de vista del empleo, pero mientras las dificultades se mantengan el Gobierno estará cerca de las familias evitando su exclusión económica o residencial", concluyó.