La Comunitat Valenciana inscribió en el registro oficial de viviendas turísticas de alquiler 16.189 inmuebles el pasado año 2017, lo que supone sacar de la clandestinidad un 39% más de viviendas de uso turístico que el año anterior. Así lo ponen de manifiesto los datos presentados este jueves a la comisión contra el intrusismo de la Agència Valenciana del Turisme.

El máximo responsable de este organismo, Francesc Colomer, ha informado de una batería de medidas para hacer aflorar este tipo de alojamientos, que pasan tanto por la concienciación como por la implicación de los municipios y de las policías locales en las labores de inspección. En materia sacionadora, la AVT actuó contra 13 plataformas digitales por ofrecer viviendas sin el correspondiente número de registro, algunas de las cuales siguen batallando en los tribunales.

En total, la Comunitat Valenciana cerró el pasado año 2017 con 38.104 viviendas inscritas de forma oficial. Colomer no quiso aventurar cuánto representa la oferta clandestina sobre el total al carecer de base empírica, pero apuntó que, tras la eclosión de las plataformas de la llamada economía colaborativa, alrededor del 50% de la oferta existente no está registrada. Por provincias, Alicante concentra la mayor parte de las viviendas afloradas el pasado año, con 10.300 inmuebles, frente a los 3.486 de Valencia y los 2.403 de Castellón.

Los planes de la Agencia pasan por "luchar contra la economía sumergida" mediante un refuerzo de las inspecciones, para lo que Colomer pidió poder contratar a más personal. En la actualidad, el cuerpo de inspectores turísticos está formado únicamente por 10 funcionarios para toda la Comunitat Valenciana, que concentran el grueso de sus actuaciones en verano. En la última campaña estival, se visitaron 181 empresas y se controlaron 13.758 apartamentos.

Otra medida pasa por inspeccionar apartamentos ya inscritos en el registro, de modo que el usuario pueda verificar con el número de anotación que las características y prestaciones de la vivienda se ajustan a las aportadas por los propietarios. Para ello, la AVT sacará en breve un concurso por 55.000 euros para inspeccionar al año unas 3.000 viviendas de alquiler turístico.

Además, Colomer anunció la elaboración, en colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas, de una guía para divulgar en los bloques de viviendas y en comunidades de vecinos los derechos, obligaciones y el marco legal que afecta a los apartamentos turísticos de alquiler. También se pondrá en marcha una línea de 660.000 euros por concurrencia competitiva dirigida a asociaciones y empresas para poner en marcha campañas contra el intrusismo en el sector turístico.