Dos de los fiscales del Tribunal Supremo (TS) que participaron en el juicio del procés han mantenido este martes ante el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su negativa a amnistiar la malversación que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont al entender que sí tuvo ánimo de lucro y afectó a los intereses financieros de la UE. García Ortiz, por su parte, les ha dado un día para que realicen su dictamen final.
Según han confirmado fuentes fiscales a Europa Press, los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno han confirmado el criterio que mantienen con sus compañeros Consuelo Madrigal y Fidel Cadena en un encuentro celebrado con el fiscal general este mismo martes, día en que la propia ley de amnistía ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así las cosas, los fiscales han ratificado la postura que ya habían avanzado el pasado 30 de mayo en un documento que entregaron a García Ortiz tras una reunión que mantuvieron de cara a la aprobación de la norma.
En el encuentro de este martes, sin embargo, el fiscal general les ha pedido a los cuatro fiscales que redacten un informe procesal que responda específicamente a las cuestiones planteadas por el Supremo, al entender que el documento que elaboraron hace dos semanas aborda en general la ley de amnistía, según fuentes conocedoras del encuentro.
El fiscal general del Estado tiene la última palabra
Las fuentes fiscales consultadas apuntan que los cuatro fiscales del procés están dispuestos a mantener su criterio y a invocar el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para elevar el asunto a la Junta de Fiscales si García Ortiz no acepta su postura. Cabe recordar, no obstante, que el fiscal general tiene el poder de hacer valer su criterio tras escuchar al cónclave, tal y como fija el Estatuto.
Este debate en la Fiscalía tiene lugar después de que este mismo martes el juez instructor del procés en el Supremo, Pablo Llarena, haya dado cinco días al Ministerio Público, a Vox -que ejerce la acusación popular- y a las defensas para que informen sobre si ven pertinente aplicar o no la aministía a los hechos que se le atribuyen a los encausados.
Llarena ha preguntado a las partes, incluidos los cuatro fiscales, si la malversación que se le atribuye a Puigdemont y otros encausados afecta a los intereses financieros de la Unión Europea (UE) y, por ende, quedaría excluida de la amnistía. También les ha pedido que se pronuncien sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra los cuatro líderes independentistas.
Los cuatro fiscales del procés, en el documento que entregaron el pasado 30 de mayo, defendieron que el expresidente sí tuvo ánimo de lucro y que afectó a los intereses financieros de la UE y que, por ende, dichos actos quedarían fuera de la amnistía porque así lo fija la propia ley. A su juicio, Puigdemont y otros 6 dirigentes del procés dedicaron fondos públicos "a fines inconstitucionales para conseguir sus propósitos".
No obstante, los fiscales aseguraron que sí sería posible aplicar la amnistía a los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos que se circunscriben al procés. Fuentes fiscales consultadas recuerdan que los cuatro fiscales tendrán que informar a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y al fiscal general del Estado antes de contestar al juez Llarena.
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