Ha sido este viernes pasado. Ainhoa Ozaeta, una antigua dirigente de ETA salida en febrero de una cárcel francesa, impartió una charla sobre el "bienestar" de sus paisanos dentro del marco europeo en un máster oficial de la Universidad del País Vasco. Resultaron inútiles todas las protestas de Covite, la asociación vasca de víctimas del terrorismo, para impedirlo. Ante éstas, la rectora de esa institución, Eva Ferreira, hizo unas declaraciones en las que afirmaba haber hecho lo que estaba en su mano por evitarlo, sin conseguirlo porque se trataba de una iniciativa "legal" aunque, ciertamente, constituyera un "daño anímico a las víctimas contrario a nuestro código ético".
Vayamos por partes. La rectora Ferreira reduce el "daño" únicamente a las víctimas, como si un hecho de esa naturaleza no afectara a la sociedad en su conjunto y a cada ciudadano que no participa de esa mentalidad totalitaria. Ferreira limita asimismo su rechazo al código ético, como si la cuestión no alcanzara al código democrático. Y prescinde de ambos al reducir el mal causado a lo puramente anímico, o sea, a una cuestión subjetiva, individual y psicológica cuando tiene una dimensión objetiva y colectiva. Dicho de otro modo, dar un altavoz desde una institución universitaria a quien no se arrepiente de su pasado de sangre sino lo hace valer como mérito académico, es algo que concierne al cuerpo social y nos afecta a todos nosotros en lo anímico, lo ético y lo humano.
A todo ello hay que añadir las posibles responsabilidades en el mismo plano legal. Ferreira evita hablar del contenido de ese peculiar máster como si no fuera habitual en el discurso del mundo de ETA negar la legitimidad del sistema constitucional y desafiarlo. ¿No hay grabaciones de esas conferencias? ¿No las impuso como medida previa? ¿No las ha exigido para saber qué es lo que allí se dijo? ¿Cómo toleró que los organizadores se permitieran incluso cerrar el paso a la prensa?
Resulta inverosímil que la máxima autoridad universitaria fuera incapaz de suspender, o controlar al menos, un acto semejante en la institución que dirige. Y es que no sirve el argumento de que éste fuera "legal". Aun suponiendo que lo fuera, una Universidad puede reservarse el rechazo a cualquier propuesta de esa u otra índole alegando que no es de interés suficiente. ¿No ha rechazado esa Universidad toda propuesta que viniera del constitucionalismo o de las propias víctimas?
El caso de Ainhoa Ozaeta no es una novedad. Y contaré una experiencia propia. Siendo miembro del Consejo Social de esa Universidad, yo mismo presenté por escrito, en un pleno del 20 de diciembre de 2019, una protesta ante la cesión que hizo esa institución de sus locales para cinco actos de una plataforma de presos de ETA. La rectora de entonces, Nekane Balluerca, o sea, la antecesora en el cargo de Eva Ferreira, me explicó en un aparte que había hecho "un gran esfuerzo, aunque inútil, por impedirlo". Cuando le pregunté si podía publicar esas palabras, me rogó que por favor no lo hiciera. A cualquier persona normal le habría avergonzado pasar por una defensora de los etarras. A ella lo que le avergonzaba era lo contrario: que alguien pudiera pensar que estaba del lado de las víctimas. No se me ha borrado de la mente su cara de consternación ante esa posibilidad. Como tampoco la consternación que a mí esa misma cara me inspiró.
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