La Fiscalía de Seguridad Vial está diseñando un plan operativo para que se creen más plazas para cumplir las penas de trabajos en beneficio de la comunidad impuestas por delitos de tráfico y se plantea que algunas se destinen a dar cursos de formación a parados.

El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha precisado este miércoles lo que ya avanzó la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) de 2008, hecha pública la semana pasada.

En la memoria, la FGE proponía que los condenados a estas penas realizasen prestaciones sociales en favor de los parados y personas que atraviesen una difícil situación económica en estos momentos de crisis.

En una rueda de prensa tras clausurar unas jornadas europeas de fiscales y jueces de seguridad vial, Vargas se ha referido a la posibilidad de que los condenados a estas penas "auxilien a los parados" porque, aunque este trabajo no tiene relación directa con el tráfico, sí conlleva una gran "carga de solidaridad".

Según Vargas, los condenados podrían "auxiliar" a los parados con cursos de formación, dándoles información y ayudándoles en la tramitación de diversas gestiones.

Ejecución de las penas

Junto a Vargas ha comparecido el director general de Tráfico, Pere Navarro, quien ha ahondado también en la necesidad de buscar soluciones para que se ejecuten este tipo de penas, además del diputado de CiU Jordi Jané, que ha precisado una cuestión relacionada con la reforma del régimen sancionador de tráfico.

Jané ha asegurado que se intentará precisar en la ley, en el apartado de los límites de velocidad a la hora de multar, que se mantendrán los márgenes de error de los radares y los cuentakilómetros de los vehículos.

Por otra parte, Vargas ha explicado que la presidencia española de la UE planteará la creación de un foro europeo de seguridad vial, integrado por fiscales y jueces, que aborde lo antes posible la necesidad de armonizar la normativa comunitaria.

Delincuencia transfronteriza

Para subrayar la importancia de esta armonización, Vargas ha recordado algunos datos relacionados con la delincuencia transfronteriza, como que el 5% de los delitos de tráfico en la UE es cometido por ciudadanos europeos que no residen en el país donde se produce la infracción. Además, el 30% de esos delitos e infracciones están relacionados con el exceso de velocidad.

Por ello, Vargas ha abogado por armonizar en el espacio europeo cuestiones como la velocidad, las carreras ilegales, la manipulación de tacógrafos o la conducción sin permiso.

También, entre los pasos a seguir para ese objetivo, ha mencionado la puesta en común de los datos de las bases electrónicas de los distintos países de la UE sobre infracciones, conductores y matrículas, así como reforzar la policía europea de tráfico, que ahora es una entidad privada, para "elevarla de rango".