Así lo aseguran fuentes del Ejecutivo ante el debate generado sobre la reforma estatutaria en Cataluña, proceso en el que Zapatero prevé que sea directamente la Ejecutiva del PSOE, no el Comité Federal ni el Consejo Territorial, la que marque la posición del partido en este asunto antes de la admisión a trámite en el Congreso de la propuesta de nuevo Estatuto.

Las palabras de don Juan Carlos, el sábado en Zaragoza, dos días después de que el Parlamento catalán aprobase la propuesta sobre el Estatuto, son secundadas por el Gobierno, que destaca que la indisolubilidad de la nación española está recogida en el artículo 2 de la Constitución

En esa línea, se destaca que ningún ciudadano de Cataluña va a tener un derecho más o menos exigible ante las instituciones por lo que diga ese texto. No obstante, se reconocen las dificultades que habrá en la tramitación del texto en Madrid y se considera que aunque hay cuestiones que tienen que adaptarse a la Constitución, no todo el problema es de ajuste constitucional, sino que existe gran parte de "pura política".

El meollo

Para el Gobierno, el meollo del Estatuto desde el punto de vista político es el debate sobre el término nación, algo que se cree que tiene un enorme potencial simbólico. Además, las fuentes gubernamentales aseguran que Zapatero tiene "muy pensada", pero también "muy guardada" la posible salida a este punto concreto.

El Ejecutivo observa puntos de colisión muy claramente identificados, como los relativos a la ordenación económica, la unidad de mercado (elemento considerado fundamental por Zapatero), posiblemente la Seguridad Social y los aeropuertos, aunque en este último aspecto se considera razonable que se tienda hacia una gestión compartida.

En cualquier caso, el Gobierno ve farragosa la redacción de algunos artículos, cree que se nota en parte de ellos la precipitación con la que se han hecho y reitera la necesidad de ajuste con la Constitución tanto en la letra como en el espíritu.

Zapatero identificó el sábado algunas de las cuestiones que han de modificarse en la propuesta de Estatuto, como la financiación, las competencias y la relación entre el Estado y la Generalitat. En relación con la financiación, el Gobierno recuerda que ha habido varios modelos de financiación de las Comunidades en España y siempre quien ha generado el debate para su reforma ha sido Cataluña.

Además, advierte de que si se impone el modelo de financiación que pretende el Estatuto, habría riesgos muy serios para la financiación de Cataluña.

La posición del PSOE

Zapatero adelantó en León que el PSOE fijará claramente su posición en un documento (que el Gobierno asegura que "dará muchas pistas" sobre la posible solución de algunos problemas) antes de que el texto del nuevo Estatuto sea admitido a trámite en el Congreso.

Las fuentes del Gobierno subrayan que su intención es que sea directamente la Ejecutiva del partido la que fije esa posición, y no el Comité Federal o el Consejo Territorial. Además, destacan que el presidente del Gobierno está convencido de que no habrá problemas internos en el PSOE pese a las voces discrepantes de las últimas semanas, entre ellas las del presidente de la comisión constitucional, Alfonso Guerra.

Zapatero, que considera a Guerra un gran negociador, tiene previsto hablar con él la próxima semana, y entiende que haya presidentes de algunas Comunidades que puedan estar inquietos ante la reforma estatutaria.

La actitud que ha mantenido hasta ahora el PP en relación con el Estatuto de Cataluña lleva al Gobierno a descartar que vaya a modificarla en los próximos meses y cree que el ejemplo más claro de oponerse a todo lo que presenta el Ejecutivo es su falta de apoyo a la ley de la Defensa Nacional. Una actitud que el Gobierno reconoce que dificulta también el objetivo de la futura reforma constitucional y que cree que es contraproducente para el Partido Popular.

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