La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, se une a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y rechaza seguir negociando con el fiscal general del Estado. Este lunes por la mañana, la AF ha informado a Álvaro García Ortiz de su retirada de la mesa de negociación del Estatuto Orgánico del Ministerio Público ante "las manifestaciones" del fiscal general en los medios de comunicación, las cuales, a su juicio, "ponen en duda la actuación independiente y profesional de las asociaciones", denuncia el escrito.
La semana pasada, tras verse arrastrado al ojo del huracán, Álvaro García Ortiz dijo desde los micrófonos de la Cadena Ser que "a veces" las asociaciones y los partidos políticos tienen objetivos "idénticos". Unas palabras que la Asociación de Fiscales considera inaceptables. "Se ha roto el marco idóneo y necesario para continuar los trabajos asociativos conjuntos para la elaboración de un nuevo Estatuto", ha indicado la organización, que "en consecuencia" ha optado por "levantarse de la mesa" constituida por el fiscal general.
De paso, la AF carga contra García Ortiz por acusar a las asociaciones de estar "politizadas" y por no respetar "el trabajo que en ellas se realiza". Llegados a este punto, la iniciativa del fiscal general se ha sostenido poco más de un mes. Mantuvo una primera reunión con las asociaciones el pasado 10 de abril y les comunicó que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, pretende modificar La ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para que los fiscales dirijan la fase de instrucción penal.
Esta eterna tarea pendiente debe ir necesariamente acompañada de una reforma del Estatuto Fiscal que dote al Ministerio Público de mayor independencia, una reforma que García Ortiz encomendó a las asociaciones el pasado 10 de abril. Pasado un mes, dos de las tres organizaciones se han levantado de la mesa, en la que solo quedan el fiscal general y la asociación a la que pertenece, la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
El choque, que puede tirar por la borda los planes del fiscal general y el ministro de Justicia, no es en absoluto el primero que protagoniza la Asociación de Fiscales. De hecho, fue esta asociación la que recurrió el nombramiento de García Ortiz, acordado por el Gobierno en noviembre. El nuevo mandato se le hace cada vez más complicado, dada la evolución de los múltiples frentes abiertos.
La ex fiscal general del Estado, antigua jefa del actual, ha sido ascendida en dos ocasiones a propuesta de García Ortiz. Y ambos nombramientos han sido tumbados por el Supremo, que acusó al fiscal general de "desviación de poder" el día antes de acordarse su renovación. Este fue el motivo por el que la AF recurrió el nombramiento de García Ortiz, si bien las polémicas se han sucedido una tras otra desde entonces.
Por un lado, gran parte de la carrera no ha visto con buenos ojos que García Ortiz se negara a pronunciarse sobre la amnistía y sobre las acusaciones de lawfare lanzadas desde el Parlamento. "No soy un opinador", ha reiterado inflexible el fiscal general.
Por otro lado, García Ortiz ha recibido y devuelto sendas acusaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde hace más de cinco años, que lo consideró "no idóneo" para seguir al frente del Ministerio Público.
Finalmente, ha surgido una nueva controversia a raíz de un comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid en relación al caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Después de que el fiscal general asumiera la responsabilidad del escrito, el novio de la presidenta madrileña presentó una querella por revelación de secretos. La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la admitió a trámite.
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