El inicio de la campaña se vio sacudido por el anuncio de Pedro Sánchez, ¿cree que esto ha podido afectar al inicio de la campaña electoral?Llevamos unos días en los que solo se habla del PSOE y de Pedro Sánchez, por lo que la voluntad era influir en la campaña y eso es una injerencia política. Además, a nosotros nos parece preocupante que Sánchez haya salido mostrándose como una víctima de las cloacas del Estado cuando el PSOE debería reconocer que cuando le ha interesado las ha utilizado para perseguir el independentismo: infiltrando a policías, espiando a partidos políticos...

Ahora la CUP se encuentra en medio de un proceso de redirección llamado ‘Procés de Garbí’. ¿Qué problemas tenían que solucionar?El ‘Procés de Garbí’ tiene un objetivo de autoevaluación muy sano, políticamente hablando. Es una organización que se revisa a sí misma para analizar dónde estamos acertando, dónde estamos fallando y cómo ser mejor herramienta para la gente. Es un ejercicio que se debe hacer con regularidad para garantizar que no perdemos el rumbo.

¿Ha podido influir en cómo preparáis las elecciones?No, porque las cuestiones estratégicas e ideológicas no están en debate: nuestro compromiso por la independencia de nuestro pueblo, la lucha por los derechos sociales, la igualdad de género y la defensa medioambiental. El ‘Procés de Garbí’ nos ha permitido aprovechar lo que es una adversidad para convertirlo en una oportunidad y coger ese empuje que teníamos para canalizarla hacia las elecciones.

¿La CUP cómo se plantea estas elecciones al Parlament?Como un momento en el que la gente tiene que decidir si quiere que se apliquen las mismas políticas que nos han llevado a un empobrecimiento generalizado de la población, de estancamiento en nuestro proceso de autodeterminación y de emergencia climática grave. O, si ha llegado el momento de hacer un cambio radical e iniciar un nuevo rumbo en el 'país' para poner las políticas al servicio de la mejora de la vida de la gente.

Ustedes facilitaron la investidura del 'president' Aragonès hace tres años. Luego retiraron su apoyo, por ejemplo, en la aprobación de los Presupuestos. Haciendo balance de la legislatura, ¿hicieron lo correcto con ambas decisiones?Creo que sí, sin duda. Con la aritmética que se quedó en las anteriores elecciones teníamos una mayoría independentista y una mayoría de izquierdas dentro de esa mayoría independentista y, por lo tanto, esa aritmética permitía plantear políticas sociales y políticas para avanzar en nuestro derecho de autodeterminación. Cuando pocos meses después, en el debate de política general, ya vemos que el Govern de Esquerra Republicana y de Junts Per Catalunya empieza a votar en contra de todo lo que estamos planteando en cuanto a sanidad y educación pública, de cuestiones medioambientales, ya vemos que aquí no había una voluntad de avanzar la legislatura de la mano de la CUP. Eso no hacía posible el entendimiento.

¿Qué más pasó para que no hubiera entendimiento?Lo que hemos visto es que empezamos la legislatura pasada poniendo sobre la mesa la necesidad de acabar con los desahucios y ha acabado siendo la legislatura récord en desahucios de pisos públicos. Empezamos la legislatura con un compromiso de defender y de fortalecer los servicios públicos y ha acabado siendo la legislatura con prácticamente más movilizaciones de trabajadoras públicas porque no se destinan los recursos necesarios. Tenía que ser una legislatura para hacer frente a la emergencia climática con una supuesta revolución verde y se acabó la legislatura porque Aragonès era incapaz de decir que no al Hard Rock.

Ahora Aragonès vuelve a insistir en un referéndum pactado con el Estado. ¿Lo ven viable?Ojalá fuese viable, pero no es así. Esto nos lleva a 10 años atrás. Esto ya se planteó con un artículo de la Constitución y se propuso un referéndum acordado y hubo un carpetazo rotundo. Haya un gobierno de derechas o un gobierno progresista, o supuestamente progresista, no nos reconocen nuestro derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, aquí hay que conseguir una mediación internacional que sea la que obligue al Estado español a sentarse y a dar una resolución democrática a nuestro conflicto, una resolución, lógicamente, vía referéndum. Para ello, hay que volver a impulsar el proceso de independencia y ponerlo al servicio de la mejora diaria de la gente.

¿Cómo lo harían?Desbordando al Estado español legislando de una forma más ambiciosa para garantizar el derecho a la vivienda, los servicios públicos de calidad... Lo que se hizo en la legislatura de 2015, cuando hubo decenas y decenas de leyes ambiciosas aprobadas por el Parlament y que eran tumbadas sistemáticamente por el Tribunal Constitucional, pero esta vez, intentando desplegar leyes que beneficien también a la población en su día a día.

Tampoco parecía viable conseguir la amnistía y está a punto de aprobarse en las Cortes.Tenemos que ver todavía cómo se va a implementar la ley de amnistía. Son los jueces quienes tienen que aplicarla y ya hemos visto al servicio de qué proyecto político están, radicalmente contrario a todo lo que tenga que ver con amnistía y con garantías democráticas. Además, es una ley que no resuelve el problema de los intentos constantes del aparato policial y judicial español de vincular el independentismo catalán con terrorismo, cuando esto no se sostiene por ninguna parte, porque protestar, organizarse o informar no es terrorismo. Tendremos que ver cómo se implementa, porque vecinos, vecinas y anónimos, tal como está formulada, podrían quedar fuera de esta ley. Por último, recordemos que es una ley que al Estado le interesa de cara a lavar su imagen a ojos exteriores y que, por supuesto va desvinculada del derecho de autodeterminación. En otros casos de conflictos nacionales de otras partes del mundo no ha sido así, sino que han ido de la mano la amnistía y el derecho de autodeterminación.

¿Cuáles serían sus prioridades si hubiera un gobierno independentista?La prioridad es dar respuesta al problema de la vivienda. Tiene que haber un Govern que sea capaz de acabar con los desahucios, que dé uso a los 400.000 pisos vacíos que acumulamos en Cataluña, que sea capaz de regular los alquileres, garantizando que estos sean con contratos indefinidos y que el precio no supere el 30% de las rentas. Pero al mismo tiempo, tiene que haber un Govern que fortalezca los servicios públicos para que la gente no se vea obligada a contratar a los servicios de una mutua privada sanitaria para no tener que esperar años hasta que le operen o meses hasta que la vea el especialista o le practiquen una prueba diagnóstica. Y con la educación, lo mismo. Una prioridad tiene que ser que no haya tantas plazas concertadas. Somos de los países que tienen más plazas concertadas. Solo un 70% son públicas, mientras que la media de los países europeos está a partir de un 90%.

¿Y estarían dispuestos a defender sus prioridades desde dentro de un Govern presidido por Aragonès o Puigdemont, por ejemplo, o repetirían la fórmula de hace tres años?Queremos influir al máximo posible y llevar a cabo las políticas para revertir el empobrecimiento generalizado y afrontar los retos de la emergencia climática. El papel sobre la asunción de responsabilidades, tendremos que verlo una vez el 12 de mayo veamos la aritmética y la fuerza que tenemos y, sobre todo, según las políticas que las otras fuerzas estén dispuestas a llevar a cabo. Al final nosotras vemos que aquí hay unas problemáticas y que la clase política no es capaz de resolverlas. Necesitamos empezar a estar a la altura del momento que estamos viviendo, que es crudo.

Si para alcanzar una mayoría para investir a un presidente independentista fueran necesarios también los votos a favor en el Parlament de Aliança Catalana, ¿estarían dispuestos a formar parte de ese acuerdo?Nosotros el trato que le damos a la extrema derecha es el mismo, independientemente de la bandera detrás de la cual se esconda. Aparte, pensamos que la extrema derecha catalana, supuestamente catalanista, busca lo mismo que siempre ha perseguido el unionismo, que es dividir la sociedad catalana y, por lo tanto, son enemigos de la causa independentista. No se puede alimentar de ninguna manera a la extrema derecha o a la ultraderecha. No participaríamos de ninguna fórmula que sea alimentarles.

Buscáis desplegar una Nueva Economía Catalana, ¿En qué consiste exactamente?Consiste en planificar al servicio de la gente. Hasta ahora se ha planificado al servicio de una minoría privilegiada y pensamos que esto tiene que revertirse. La gestión de los recursos tiene que ponerse a disposición del bienestar de la mayoría de la población. ¿Cómo se traduce? Al reindustrializar de manera respetuosa el 'país', el medio ambiente y los derechos laborales, impulsar el campesinado, ejercer un control directo sobre los servicios esenciales y sobre los sectores estratégicos del país creando una energética pública, una distribuidora pública o una farmacéutica pública. Y redistribuir la riqueza con una renta básica universal, que lo que haga es coger una parte de lo que acumulan estas grandes fortunas y repartirlo.

En estos días de campaña, varios partidos han planteado una reforma de la fiscalidad en Cataluña. ¿Ustedes también están a favor de reformular la fiscalidad?Nosotras estamos a favor de la independencia de nuestro pueblo para poder gestionar de forma soberana nuestros recursos. Pensamos que volver a reclamar pactos fiscales nos lleva atrás, es un retroceso, y que aquí lo que hay que plantear es avanzar en nuestro proceso de autodeterminación y, mientras tanto, gestionar mejor los recursos que tenemos y dejar de transferir el erario público a bolsillos privados.

También defendéis crear una empresa energética pública que rompa con el oligopolio existente en el sector. ¿Cómo sería? ¿Es posible ahora mismo hacerlo con las competencias autonómicas actuales?La energética que planteamos tiene que controlar la producción y dirigir cómo se hace la implementación de renovables respetando la ley de cambio climático, priorizando aquellos espacios que ya están antropizados, es decir, que tienen ya la huella del ser humano, acercando los centros de producción a los grandes centros de consumo. Después, una empresa que se encargue de la distribución y de la comercialización para garantizar el acceso a suministros y no estar dependiendo de las subidas que impone este oligopolio. Con las competencias que tenemos sí que es factible construir esta energética pública y aun así estamos seguras de que nos encontraremos con trabas que se nos quieran poner.

Se han mostrado contrarias al Hard Rock, a una ampliación del aeropuerto o a la construcción de la B-40. ¿Cataluña no necesita nuevas infraestructuras en otros sitios?Sí necesita infraestructuras. Lo que no necesitamos es ampliar el aeropuerto o los puertos con más terminales de cruceros para que lleguen más turistas, para que gentrifiquen aún más las ciudades de las que se está expulsando la gente. Necesitamos más transporte ferroviario, que llegue a todas las comarcas de Cataluña y que tenga un servicio de calidad que sea efectivo, para que haya menos coches, para que la gente trabajadora pueda desplazarse a sus lugares de trabajo sin peligro a perder el empleo por llegar tarde.

La CUP tiene una limitación de dos legislaturas en el Parlament por estatutos internos. ¿Esto puede hacer que el votante pierda los referentes o pueda sentir más perdido?Yo ya he hecho una legislatura y esta será la última que haré. Sí que conlleva algunos perjuicios, pero es un mecanismo del cual nos hemos dotado para garantizar que las personas que estamos en la institución no perdamos perspectiva y no nos quedemos atrapadas en las poltronas. Nosotras vamos cambiando de gente, estamos durante un tiempo y luego volvemos a nuestros trabajos,. Yo soy profesora de Secundaria, por ejemplo, y a militar como cualquier compañero y compañera, para no perder de vista para qué estamos allí.

No ha presidido la Generalitat una mujer nunca. ¿Tiene más dificultades en la política por ser mujer?Es evidente que estamos en una sociedad patriarcal. En política se reproducen las desigualdades que vemos. Entonces, todo lo que son las cargas de conciliación son evidentes, pero aparte, en política se suele exigir más a las mujeres que tienen cargos electos que a los hombres. Evidentemente, el patriarcado también pesa en el ámbito institucional.