La acusación particular del caso Cerro Muriano, en nombre del soldado Carlos León que falleció ahogado junto a otro militar durante unas maniobras en dicha base en diciembre del pasado año, ha pedido al Juzgado Militar Central que "investigue" al general que ejercía el mando cuando ocurrió el suceso y que se archive la causa abierta contra el sargento imputado en la misma.
Luis Romero, el abogado de la familia del soldado fallecido, ha informado de que este lunes recurre el auto del Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla inhibiéndose en la investigación del caso en favor del Juzgado Togado Central, de cara a incluir en la causa como investigado al general de brigada Ignacio Olazábal, tras nuevos indicios.
En rueda de prensa, el letrado penalista ha mostrado su "conformidad" con el auto del Juzgado Territorial de Sevilla de "inhibirse" del procedimiento en favor del Central, con sede en Madrid. La acusación entiende que de las diligencias pueden resultar como presuntos responsables "mandos superiores" y "aforados" que debe investigar un tribunal superior.
En este sentido, ha manifestado que el general de brigada tenía que estar "al tanto de la seguridad de unos hombres, para que sus subordinados, desde el coronel hasta todos los demás, llegando a los suboficiales, cuidaran a la tropa". "No solo ese día, sino en todos los anteriores, desde que el capitán Zúñiga mandó su planning para los ejercicios que en esa semana de finales de diciembre del año pasado tenían que tener lugar", ha añadido.
Romero ha considerado que el juez militar de Sevilla le da la razón al exponer en sus recursos que el caso puede llegar "hasta los dos coroneles que estaban ejerciendo el mando del regimiento en Cerro Muriano", además de "un teniente coronel y un comandante", si bien "no se menciona" al general que "creemos debe ser investigado". El abogado ha explicado que recurre dicho auto "por entender que también se deriva responsabilidad penal de la conducta del general de brigada, ya que es el máximo responsable de los jefes subordinados a su mando".
Además, ha anunciado que pedirá que se "archive la investigación contra el sargento porque entendemos que es una víctima más" y ha declarado "verazmente" en el procedimiento que "advirtió que ese ejercicio tenía que haber sido interrumpido" y que se dejara "para otro día", algo a lo que el capitán encargado de las maniobras se negó. Los ejercicios estaban "indicados" para el día 22, y no el 21, pero los cambiaron porque querían "terminar cuanto antes".
Asimismo, ha remarcado que "ese día no había nada más que una ambulancia" y estaba en el campo de tiro, retirado del lago de maniobras. "Desde el día siguiente a la fecha del accidente doblemente mortal dijimos y pusimos por escrito en la denuncia que no solamente eran responsables penales de la grave negligencia el teniente Tato y el capitán Zúñiga, sino que era responsable toda la cadena de mando, incluido el general de brigada", ha enfatizado.
Del mismo modo, ha anunciado recurso ante el Tribunal Militar Central contra el auto del Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla que le impone "una sanción de apercibimiento por haber revelado actuaciones a los medios de comunicación". Romero entiende que dicha medida vulnera su derecho constitucional a la libertad de expresión, opinión e información y "contradice" otro auto que descarta "responsabilidad penal" o disciplinaria por su parte respecto al delito de revelación de secretos.
Por ello, ha denunciado una "intimidación" del Juzgado Militar de Sevilla para "evitar que hable del procedimiento" y pedirá "amparo" ante el Colegio Abogados de Sevilla con el objetivo de que "no se coarte" su "libertad de expresión". El abogado confía en que se archive el expediente disciplinario por el Tribunal Militar Central, después de que "se ha intentado poner la mordaza", al tiempo que ha advertido de que "la próxima vez podría ser una multa de entre 500 y 10.000 euros".
Cuestionamiento de medidas
En el auto del juzgado, la citada instancia judicial expone que "en principio se pudiera considerar que el fatídico resultado producido tuvo su origen en que las medidas de seguridad empleadas en orden a la correcta realización del ejercicio programado no cumplieron la función pretendida". A tal efecto, recuerda que las diligencias se dirigen contra el capitán Zúñiga, el teniente Tato, por el que el letrado ha cuestionado sobre si "se le ha apartado", y el sargento Álvarez Estupiñán, en cuanto posibles responsables penales de un presunto delito contra la eficacia en el servicio del artículo 77 del Código Penal Militar.
"En relación al ejercicio a realizar en un espacio acuático de la base, una especie de lago o pantano artificial con una extensión de aproximadamente 2.200 metros cuadrados, por el capitán Zúñiga al momento de elevar a la superioridad el programa del período de instrucción en el que se incluía la actividad de cruce de río, no se hizo apreciación o valoración alguna respecto de aspectos muy importantes para realizar el ejercicio de forma segura y correcta", señala el juez.
De este modo, según el Juzgado Togado Militar número 21, la maniobra fue emprendida "sin contar con las medidas de seguridad necesarias para su realización, extremo que pasó inadvertido tanto por el capitán Zúñiga al momento de su planificación, como por sus superiores al momento previo de su ejecución, pues no hubo supervisión alguna en este sentido ni por el teniente coronel Zanfaño ni tampoco por el coronel Tostón".
Nuevos indicios
"Tampoco existió supervisión alguna al momento de su ejecución (del ejercicio), lo que competía al jefe del Regimiento La Reina, el coronel Navarro, quien en fecha 15 de diciembre de 2023 relevó en el mando al coronel Tostón, debiendo ser auxiliado por el jefe de la Plana de Mando destinado a la fecha de realización del ejercicio el 21 de diciembre, que en base a lo manifestado por el capitán Zúñiga debía ser el comandante que a la referida fecha se encontraba como jefe de PLMM en sustitución del coronel Zanfaño", precisa el auto.
Así, después de que el 22 de marzo compareciesen como investigados ante el Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla el capitán Zúñiga, el teniente Tato y el sargento Álvarez Estupiñán; dicha instancia judicial ha detectado, según el auto, posibles "indicios de responsabilidad penal" respecto a los coroneles Tostón y Navarro, así como para el teniente coronel Zanfaño y el comandante jefe de la PLMM a fecha 21 de diciembre de 2023, todos ellos aforados ante el Tribunal Militar Central, que motivan la inhibición de las actuaciones en favor del Juzgado Togado Central.
"En base a los indicios recogidos, de los que se desprende una posible conducta delictiva en militares que ostentan el empleo de teniente coronel, coronel y comandante, así como en atención a las solicitudes realizadas por las acusaciones particulares en el trámite de competencia, es lo que impide seguir conociendo del presente procedimiento, en tanto que se antoja procedente sean oídos como investigados", determina el juzgado, acordando su inhibición a favor del Juzgado Togado Militar Central, que el abogado ha valorado.
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