El Govern ha destapado un fraude fiscal de 286 millones de euros en 2023, una cantidad similar a la del ejercicio anterior, cuando fue de 294 millones. La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ha detallado que, del total de la cuantía, un 42% (121 millones) proviene del impuesto de sucesiones y donaciones, mientras que 84 millones son del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y 76 del impuesto de patrimonio.
La consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas y la secretaria de Hacienda en Cataluña, Marta Espasa, han compartido los datos en la presentación del informe de las actuaciones de fraude fiscal. Además, han señalado que también hay otros 12 millones de euros destapados por cambios de residencia ficticios de 27 contribuyentes, aunque es una cifra que se ha reducido. En el anterior fue de 49 millones.
Durante la intervención, Mas también ha recordado que estos datos se dan sobre el 9% de impuestos que gestiona la Generalitat del total que se paga en Cataluña y ha detallado que la ATC realizó un total de 54.544 actuaciones durante el ejercicio anterior, un dato que se ha incrementado en un 7% respecto a 2022. "Destinar recursos contra el fraude fiscal es efectivo y eficiente”, ha dicho la consellera, que ha añadido que “es dinero que se ha podido destinar a medidas y políticas que repercuten sobre el bienestar de la ciudadanía”.
Por su parte, la secretaria de Hacienda de la Generalitat ha señalado que "la existencia del fraude fiscal es un grave problema porque atenta contra la igualdad y la equidad, porque reduce los ingresos para poder financiar las políticas públicas, y porque genera ineficiencias en la economía. Y eso erosiona la cohesión económica y social".
La consellera ha aprovechado el acto para asegurar que Cataluña tiene una presión fiscal “por debajo” de la media de la Unión Europea y, según ella, aún más por debajo de los países del norte de Europa, que ha puesto como ejemplo de servicios públicos.
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