El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rectificado: si el pasado viernes ordenó suspender cautelarmente la aplicación Telegram por ser la única medida "proporcional" y "necesaria" frente a las violaciones de derechos de propiedad intelectual, este lunes considera que la orden es "excesiva y no proporcional". Por eso, ha dictado un auto en el que deja "sin efecto" la medida cautelar que ordenó el viernes en respuesta a una denuncia presentada por Mediaset, Antena 3 y Movistar ante la difusión de contenidos protegidos por derechos de autor.
A primera hora de este lunes, Pedraz había dictado una providencia para suspender cautelarmente su decisión de bloquear Telegram. El bloqueo no se ha hecho efectivo en ningún momento, y al arrancar la semana el juez ha pedido a la Comisaría General de Información un informe sobre las "características" de la aplicación de mensajería y sobre "la incidencia" que podría ocasionar en sus usuarios el bloqueo de sus servicios.
Así, antes de las 14.00 horas, la orden de suspensión de Telegram quedaba supeditada al análisis de un informe policial y las consideraciones que de él hiciera el juez Pedraz. Pero el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha terminado de rectificar su posición, tras recibir el mencionado informe. "Si se acordara la suspensión [de la aplicación] lo cierto es que supondría un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan", reconoce el instructor.
En el auto dictado el pasado viernes, el instructor de la Audiencia Nacional argumentaba que la medida acordada era "necesaria, idónea y proporcional", y más aún, no tenía "alternativa". Aquel primer escrito explicaba que el pasado julio la Audiencia Nacional envió una comisión rogatoria a las autoridades de las islas Vírgenes. A través de este mecanismo de cooperación internacional, Pedraz pretendía obtener "determinados datos técnicos" para identificar a los usuarios que habían cometido las infracciones.
Pero la información, "necesaria" para continuar con las pesquisas, nunca llegó. Las autoridades de las Islas Vírgenes no colaboraban y los delitos denunciados se seguían cometiendo de forma "reiterada", de forma que este viernes el magistrado tomó la única decisión que podía "detener la reiteración de los hechos delictivos": ordenar a las teleoperadoras que bloquearan Telegram en toda España a través de un auto en el que no se mencionaba el posible perjuicio que esta decisión podía ocasionar en los usuarios de la plataforma.
Según defendió, la decisión era idónea y "proporcional ante la gravedad de la conducta denunciada". Además, recalcó, está amparada por el artículo 13.2 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la instrucción de delitos cometidos a través de internet. La norma contempla como posibles medidas cautelares ante estos delitos "la retirada provisional de contenidos ilícitos", así como "la interrupción provisional de los servicios que ofrezcan dichos contenidos".
La orden de bloqueo conocida el viernes ha causado gran revuelo mediático, de forma que en el auto dictado este lunes al mediodía el propio Pedraz reconoce que "a raíz de la publicación en medios de todo tipo del acuerdo de suspensión, se constata un hecho notorio que este instructor no puede ignorar: la posible afectación de múltiples usuarios".
"Sin perjuicio de que es sabido que dicha plataforma es utilizada también para actividades delictivas, son más que múltiples usuarios de todo tipo que han optado por utilizar Telegram", reconoce el juez finalmente. "Si se acordara la suspensión, lo cierto es que supondría un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan", añade, "la mayoría sin vinculación alguna con actividades ilícitas" e incluso "se les impediría realizar labores de índole profesional".
Una vez reconocido que la medida acordada era "excesiva", Pedraz asume también que podría no ser "idónea", dado que los usuarios "podrían utilizar una red VPN o un proxy para acceder a Telegram".
A día de hoy, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el 18% de los internautas españoles utilizan Telegram habitualmente. Esta cifra convierte a la plataforma en el cuarto servicio de mensajería más popular en el país.
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