Su anuncio en 2003, supuso una manifestación de medio millón de personas en Hong Kong que llevó al gobierno a guardar la ley en el cajón durante dos décadas. Ahora, por unanimidad y a velocidad de vértigo, el Parlamento hongkonés ha aprobado su primera ley de Seguridad Nacional desde la devolución del territorio a China, en 1997. Y lo ha hecho sin lamento alguno en las calles, porque la mayoría de activistas han sido silenciados y se encuentran huidos en el exilio o en la cárcel. Tampoco permanecen abiertos los medios de comunicación discordantes. En definitiva, no hay, ni se espera, oposición alguna a esta regla que castiga la traición.
¿Cómo es la ley?
La controvertida norma, conocida localmente como iniciativa legislativa sobre el artículo 23, castiga, además, los delitos de traición, insurrección, secesión, subversión, y secretos de Estado, con penas que alcanzan la cadena perpetua. También aumenta las penas de cárcel por sedición, que pasan de dos a siete años, e incluso a diez si se demuestra que los autores han actuado en connivencia con una fuerza extranjera; y alarga los periodos permitidos de detención sin cargos de 48 horas a 16 días.
Esta legislación llega a Hong Kong, una región autónoma perteneciente a al sur de China, donde los movimientos en defensa de los derechos civiles han sido aplastados tras la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional -otra- impuesta en Pekín en 2020 con el objetivo de frenar las revueltas prodemocráticas que sacudieron Hong Kong en 2019.
Delitos recogidos en la nueva ley
La versión de 2024 del Artículo 23 autoriza los juicios a puerta cerrada y le otorga a la policía el derecho a detener a los sospechosos hasta durante 16 días sin cargos, entre otras. Además, el gobernador también tendrá autoridad para prohibir a organizaciones y empresas operar en Hong Kong si "trabajan para fuerzas extranjeras". Estos son otros delitos que contempla:
- El robo de secretos de Estado y espionaje: que incluye "decisiones políticas importantes y "asuntos externos, entre otras cosas".
- El sabotaje que amenaza a la seguridad nacional: que apunta a todas aquellas personas que, de manera intencional o por imprudencia, pongan en peligro la seguridad nacional.
- Injerencia externa: este delito hace referencia a la colaboración con fuerzas externas para interferir con las autoridades nacionales y locales, como, por ejemplo, recibir apoyo o financiación de gobiernos extranjeros u organizaciones políticas.
- Insurrección: implica ayudar a una fuerza armada, o la organización a la que esta pertenece, en un conflicto armado contra China.
- Traición: se expande la figura a quien tenga conocimiento de un supuesto acto de este tipo, pero no lo reporte a las autoridades.
Una imposición de Pekín tras lo sucedido en 2019
La ley, que llega con casi tres décadas de retraso, se contemplaba en el artículo 23 de la Ley Básica, aprobada cuando la excolonia regresó a China, en la mini constitución que rige las relaciones entre la isla y el interior. Aunque hasta 2019, no fue urgente su aplicación.
Las circunstancias cambiaron con las violentas propuestas que se sucedieron ese año y que llevaron al parlamento chino a recalentar esta ley de seguridad y enviarla a Hong Kong para sofocar la insurrección. Y funcionó, porque condenar la secesión, la subversión o el terrorismo con penas que alcanzaban la cadena perpetua, logró aplacar las revueltas.
John Lee, jefe del Gobierno autónomo de Hong Kong, ha celebrado su aprobación asegurando que se trata de una ley defensiva que dota a la ciudad de "una puerta y cerradura más fuertes". Además, ha aclarado que "Con la nueva ley ya no tendremos que preocuparnos de que fuerzas quemen Hong Kong hasta los cimientos, destruyan instalaciones públicas, tiren cócteles molotov, provoquen incendios o golpeen a residentes con opiniones diferentes".
Críticas internacionales a la ley
La normativa, que entrará en vigor el próximo sábado 23 de marzo, ha sido fuertemente criticada por agrupaciones defensoras de derechos y libertades públicas, así como por diversos Gobiernos como Reino Unido: "Las amplias definiciones de la seguridad nacional y de las interferencias externas añadirán complicaciones a los que viven, trabajan y hacen negocios en Hong Kong", ha afirmado el Secretario de Estado, David Cameron.
"Es alarmante que una legislación tan trascendental haya sido aprobada a toda prisa por el poder legislativo mediante un proceso acelerado, a pesar de las serias preocupaciones suscitadas por la incompatibilidad de muchas de sus disposiciones con el derecho internacional de los derechos humanos", ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, a través de un comunicado.
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