El Gobierno no se plantea entrar en el debate sobre extender a Cataluña el modelo fiscal vasco, basado en el concierto económico con el Estado y en el conocido como "cupo". El Govern de Pere Aragonès planteó este martes que la Generalitat debe recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en la comunidad y, posteriormente, pactar con el Gobierno central la fracción de ese dinero que le cede. Inicialmente el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no quiso pronunciarse sobre esa posibilidad, pero fuentes del Ejecutivo descartaron horas después que exista intención por parte del Gobierno de negociar una excepción al modelo común, y abrieron la puerta, como máximo, a reconocer algunas particularidades de Cataluña en su modelo de financiación.
El Govern de Aragonès hizo pública su propuesta de financiación singular para Cataluña este martes, en el que supuso el primer acto de precampaña de ERC para las elecciones del 12 de mayo. El objetivo que buscan los republicanos con su modelo, según dicen, es reducir el déficit fiscal que sufre Cataluña, que según los cálculos de la Generalitat asciende a 22.000 millones de euros, una cifra "desmedida y persistente", en palabras de la consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas. "En los últimos 40 años, la cantidad de recursos que la economía catalana ha aportado a las arcas del Estado y no ha devuelto se sitúa de media en el 8,1% del PIB", denunció Mas.
La arquitectura fiscal que defiende ahora ERC es muy similar a la que tienen el País Vasco y Navarra, cuyos modelos están protegidos constitucionalmente. En muy resumidas cuentas, el sistema que quiere importar Cataluña es el siguiente. La administración autonómica, en este caso la Generalitat, pasaría a recaudar el 100% de los impuestos de los ciudadanos catalanes, sean estos de carácter estatal o autonómicos. Después, el Govern transferiría a las arcas del Estado una parte de esa recaudación para financiar el coste de los servicios que no están transferidos a la comunidad y que presta en Cataluña el Gobierno central. Y la cuantía de esa transferencia, y ahí está la clave de la cuestión, dependería de una negociación política entre el Ejecutivo central y el catalán.
En teoría, esta negociación sobre el coste de los servicios públicos prestados por el Estado en Cataluña debería depender únicamente de parámetros técnicos. Pero es complejo cuantificar con exactitud a cuánto asciende esa cifra y, además, sería prácticamente inevitable que esa negociación entre Gobierno central y Govern catalán no se viera condicionada por otros asuntos. El actual funcionamiento del cupo vasco es buen ejemplo de ello: el último acuerdo entre el Ejecutivo autonómico y el Ministerio de Hacienda se rubricó en 2022, y las conversaciones se desbloquearon a cambio de que el PNV no presentare una enmienda a la totalidad para intentar derribar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que había presentado el Gobierno.
La gran diferencia entre el modelo vasco y el defendido por ERC es que la formación independentista catalana plantea que, además de una transferencia al Estado para pagar el coste de los servicios públicos prestados por la Administración central, la Generalitat también se comprometería a hacer una segunda entrega de fondos para que sean repartidos a las comunidades menos acaudaladas. Pero, incluso con esa distinción, la propuesta resulta inasumible para el Gobierno, tal y como defienden. "El modelo que queremos" no pasa por negociar individualmente con las comunidades qué parte de su aportación se destina al reequilibrio territorial, explican fuentes del Ejecutivo.
La negociación, con todos
La posición del Gobierno es "muy clara", defendió este martes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: poner en marcha "una reforma del sistema en su globalidad". Y eso implica que el cambio de modelo fiscal no debe ser negociado solo con Cataluña, sino que las conversaciones deben incluir a "todas las comunidades autónomas del régimen común", es decir, todas menos País Vasco y Navarra. "Por supuesto", deslizó la ministra, respetando la Constitución, que únicamente reconoce modelos impositivos diferentes para esas dos autonomías.
Fuentes del Gobierno explican que, no obstante, Hacienda sí estaría dispuesta a negociar con Cataluña el reconocimiento de algunas especificidades en su modelo de financiación. Estas fuentes señalan, por ejemplo, que esa comunidad es la única —junto al País Vasco desde hace unos meses— que tiene transferidas las competencias sobre prisiones, y también que es una de las pocas con una policía autonómica que se encarga de gestionar una amplia cantidad de competencias, como son los Mossos d'Esquadra. Esas particularidades, afirman estas fuentes, podrían ser reconocidas por el Estado a la hora de repartir la tarta impositiva. Pero nada más.
La negociación, en cualquier caso, la tendría que llevar Hacienda con la Generalitat, y parece complicado que vaya a tener lugar antes de que se celebren las elecciones catalanas, puesto que en época preelectoral los partidos están centrados en marcar perfil propio. El ala del Gobierno de Sumar, por su parte, no parece que vaya a jugar ningún papel en esas conversaciones, y este martes, de hecho, su dirección ni siquiera compartió su parecer sobre la propuesta de ERC. Fuentes de la cúpula de la coalición aseguraron a este medio que tienen una opinión sobre la iniciativa, pero se negaron a aclarar cuál es.
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