Las denuncias recibidas en la Oficina Andaluza Antifraude se multiplican por 13 en un año

El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (izda.), con el presidente de la Oficina Andaluza Antifraude, Ricardo Puyol.
El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (izda.), con el presidente de la Oficina Andaluza Antifraude, Ricardo Puyol.
OAAF
El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (izda.), con el presidente de la Oficina Andaluza Antifraude, Ricardo Puyol.

En menos de dos años de funcionamiento, la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) sigue recibiendo cada vez más denuncias, hasta el punto de que este organismo independiente, adscrito al Parlamento, ha solicitado ya un refuerzo de personal para poder seguir haciendo su trabajo, que se ha incrementado en más de un mil por ciento desde su puesta en marcha.

Así lo refleja el balance correspondiente al pasado ejercicio que el presidente de la oficina, Ricardo Puyol, ha presentado este martes al presidente de la Cámara, Jesús Aguirre. Según la memoria, en 2023 se registraron 464 denuncias sobre fraude, corrupción y conflicto de intereses, frente a las 35 que se contabilizaron entre junio (cuando se puso en marcha) y diciembre de 2022, lo que supone un incremento del 1.300%.

Una tendencia al alza que, a tenor de los datos, se mantendrá este año, toda vez que en menos de un trimestre ya se han recibido en la OAAF más de 240 denuncias, lo que hace pensar que el año podría terminar con un millar de expedientes.

Las situaciones relacionadas con procesos selectivos, nepotismo o favoritismo en materia de personal y recursos humanos son los aspectos más denunciados, y suponen el 50% de las investigaciones de la oficina. El 15% corresponde a autorizaciones, licencias, situaciones de calificación ilegal de terrenos, desprotección de espacios protegidos o vertidos ilegales. Y el 13% a asuntos de abuso de contratos menores y otras prácticas de la contratación pública.

Las entidades más denunciadas son las que forman parte de las administraciones locales, con un 52% de los casos, seguidas de la administración autonómica y sus empresas dependientes, que acumulan el 31% de las denuncias. La oficina considera que el elevado número de denuncias en el ámbito local puede deberse a la escasez de recursos de control, sobre todo en los ayuntamientos más pequeños.

En total, la OAAF ha abierto 315 procedimientos de investigación e inspección derivados de las denuncias recibidas hasta finales de 2023. Además, ha abierto nueve procedimientos sancionadores y ha dado traslado al Ministerio Fiscal de cuatro denuncias sobre las que se han detectado indicios de delito.

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