"El PSOE nunca aceptará un referéndum ilegal que solo dividiría a la sociedad catalana". La portavoz socialista, Esther Peña, ha sido tajante durante la rueda de prensa celebrada este lunes cuando se le ha preguntado por el encuentro mantenido por Santos Cerdán y Carles Puigdemont este fin de semana en Suiza. La reunión se produjo "dentro de la normalidad del acuerdo de investidura" (se desconoce si medió el verificador internacional), pero en ningún caso versó sobre el referéndum, ha declarado Peña.
La portavoz del PSOE ha recordado que la posibilidad de la autodeterminación "no está" en la agenda de su partido, y por lo tanto ha afirmado que "no hay ninguna negociación sobre ningún referéndum". Lo que no quiere decir que el Partido Socialista pretenda que Junts "renuncie a sus máximas".
Este sábado, el partido de Carles Puigdemont y el de Pedro Sánchez informaron del encuentro que habían mantenido en Suiza para analizar la recién aprobada ley de amnistía, que el jueves recibió el aval del Congreso y quedó en manos del Senado.
"La aprobación de la ley permitirá a las partes poner en marcha los equipos de trabajo en los dos grandes ámbitos acordados, que se añadirán a los que ya existen en el ámbito de la lengua catalana y de la ley de delegación de competencias en inmigración, y asegurar el cumplimiento del acuerdo de Bruselas", concluye el comunicado difundido, respectivamente, por PSOE y Junts.
Esos dos "grandes ámbitos permanentes" de trabajo recogidos en aquel documento toman como base las "aspiraciones de la sociedad catalana y las demandas de sus instituciones". El acuerdo cita, en concreto, las relacionadas con "la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Cataluña".
En este sentido, se acordó que en lo relativo al reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución, mientras que el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de esta comunidad.
En el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno, Junts propondrá de entrada una modificación de la Ley Organica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que establezca una "cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat" y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña.
De su lado, el PSOE "apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado" de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña. En este ámbito, el pacto también prevé abordar los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años.
Mediante este pacto de investidura, Junts condiciona su apoyo para garantizar la "estabilidad de la legislatura" a los "avances y cumplimiento de los acuerdos" que vaya alcanzado con los de Pedro Sánchez en los dos "ámbitos permanentes" de negociación acordados por ambas partes.
Esta cuarta reunión entre el PSOE y Junts es la segunda de la que se informa oficialmente. La primera que se comunicó tuvo lugar, también en Suiza, el 2 de diciembre. Fuentes del partido de Carles Puigdemont sí habían trasladado que se estaba cumpliendo lo pactado y se estaban produciendo reuniones mensuales con los socialistas, dando a entender que se habían visto tanto en enero como en febrero, lo que se viene a confirmar este sábado.
El pasado 17 de enero sí había trascendido una reunión entre el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pero tuvo lugar en el Congreso y, que se sepa, sin verificador.
En cualquier caso, ambas partes han mantenido abiertas negociaciones sobre diversas cuestiones parlamentarias, como la propia Ley de Amnistía, y también sobre otros asuntos como los Presupuestos Generales del Estado, un proyecto al que el Gobierno ha renunciado tras el adelanto de las elecciones catalanas.
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