Las patrullas policiales crecen un 7% en Madrid y Almeida insiste en que la capital necesita más efectivos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (D) junto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madrid.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (D) junto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madrid.
Eduardo Parra / EP
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (D) junto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid ha incrementado en 2023 un 4% la plantilla de la Policía Municipal aunque para José Luis Martínez-Almeida no es suficiente y sigue reclamando al Gobierno de España la eliminación de la tasa de reposición que "nos impide alcanzar los 7.000 efectivos". También ha aumentado un 7% el número de patrullas que han prestado servicio en las calles de la ciudad: casi 260.000 a lo largo de 2023. 

El alcalde de la capital ha dado estos datos en el Consejo y la Junta Local de Seguridad de Madrid, donde ha destacado que, a pesar de la limitación del número de efectivos, se ha constatado que "el tiempo medio de respuesta se sitúa alrededor de los 8 minutos", tanto en sucesos y catástrofes como en seguridad vial y seguridad ciudadana. En el encuentro también han participado la vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, y los principales mandos y representantes en materia de seguridad de la ciudad así como los portavoces de los grupos municipales. 

La Policía Municipal también ha incrementado sus intervenciones por venta ambulante ilegal, con un total de 9.815, especialmente en las referidas a la propiedad intelectual e industrial, el conocido como top manta: ha subido un 30% con respecto a 2022. Suben también, un 42%, las solicitudes de de imágenes de las cámaras municipales de videovigilancia por parte de otras fuerzas de seguridad y de los juzgados. Por todo ello, el regidor de la capital ha insistido en que Madrid es "una de las capitales del mundo más seguras".

Cerco a los grafitis y al alcohol

José Luis Martínez-Almeida ha destacado la Sección de Protección del Patrimonio Urbano de Policía Municipal (SEPROPUR), puesta en marcha a finales de octubre para luchar contra los grafitis. Cuenta con 39 efectivos, con cobertura las 24 horas del día y durante todo el año y en dos meses ha superado los atestados de todos los meses anteriores del año: 22 entre noviembre y diciembre frente a los 17 entre enero y octubre. Un problema que preocupa al Consistorio porque en 2023, la limpieza de estas pintadas alcanzó más de 560.000 metros cuadrados en la ciudad. 

El Ayuntamiento de Madrid también quiere cercar el consumo de alcohol y droga. Por eso, la Policía Municipal ha aumentado un 9% sus pruebas de alcoholemia, con más de 130.000, la gran mayoría en controles de tráfico. Un incremento aún mayor, del 67%, en el caso de la detección de drogas, hasta un total de 2.472 controles. Crecen también las denuncias por consumo de alcohol en vía pública, un 30%; un 23% más por tenencia de drogas y un 11% más por consumo de estupefacientes. 

Eliminación de la tasa de reposición 

A pesar del incremento de las actuaciones policiales, el alcalde de Madrid ha insistido una vez más en el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad en la necesidad de eliminar la tasa de reposición para que el Ayuntamiento cuente con un mayor número de policías, unos 7.000 según calcula el Consistorio madrileño. Martínez-Almeida ha destacado que todos los grupos municipales apoyan la eliminación de este requisito así como el propio PSOE, aunque no ha obtenido respuesta de delegación del Gobierno. "Es una buena noticia que todos estemos de acuerdo", ha dicho. 

Esta tasa determina las personas que pueden acceder a un puesto en la administración pública en función del número de bajas previas y acabar con ella supone poder convocar plazas sin tener estos límites prefijados. El Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública prevé poner fin a este requisito en la Administración en 2025.

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