Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han liberado a catorce mujeres de origen latinoamericano víctimas de explotación sexual y laboral en siete inmuebles de Cataluña, y han detenido a ocho personas durante el dispositivo policial.

Según informan este domingo ambos cuerpos policiales en un comunicado, de las catorce víctimas liberadas, dos lo eran por tráfico de seres humanos con la finalidad de explotación sexual, otras ocho lo eran por prostitución coactiva y las cuatro restantes por delitos contra los derechos de los trabajadores por explotación laboral.

Las mujeres víctimas de explotación sexual eran prostituidas en los mismos domicilios en los que vivían en condiciones infrahumanas, amontonadas en colchones en el sótano y sin luz natural, y bajo amenazas y coacciones.

Durante el dispositivo policial, desplegado el pasado 14 de febrero, los agentes realizaron seis entradas y registros y detuvieron a ocho personas en Barcelona, en la localidad barcelonesa de Cabrils, en las poblaciones de Calafell y Salou, ambas en Tarragona, y en Castell-Platja d'Aro, en Girona.

Además, desmantelaron siete prostíbulos ilegales que regentaban los líderes de esta organización criminal.

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A los detenidos, de edades comprendidas entre los 20 y los 48 años, se les acusa de los delitos de trata de seres humanos, relativos a la prostitución, contra los derechos de los extranjeros, de amenazas graves, contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal.

La organización criminal estaba liderada por un hombre y una mujer, que además de los prostíbulos desmantelados regentaban un centro de atención telefónica clandestino, donde trabajaban de telefonistas cuatro de las víctimas, entre 12 y 15 horas diarias durante los siete días de la semana, sin gas ni agua y bajo amenazas.

Desde este centro de llamadas se gestionaba la contratación de servicios sexuales en prostíbulos.

Los líderes de este entramado criminal captaban a las mujeres que posteriormente eran explotadas sexualmente o para trabajar en el 'call center' mediante páginas de redes sociales en las que ofrecían empleo a personas extranjeras que residían de forma irregular y en situación de necesidad y vulnerabilidad.

Las mujeres tenían limitadas las salidas al exterior, vivían en condiciones infrahumanas, llegando a carecer en ocasiones de suministros, debiendo estas las 24 horas del día los siete días de la semana disponibles, además de ser sometidas a amenazas y vejaciones.

La investigación se inició a finales del 2020 a raíz de una identificación en un control en la Jonquera (Girona) de un vehículo en el que viajaban tres de ellas, dos de las cuales manifestaron a los agentes que trabajaban en un centro de atención telefónica clandestino que regentaba la persona que conducía este turismo así como varios prostíbulos distribuidos en toda Cataluña.

Ello derivó en una inspección a uno de los prostíbulos investigados, ubicado en Tarragona, donde fue detenida una de las encargadas del mismo.

En esa primera operación, otras dos mujeres identificadas por la policía declararon que por encima de la arrestada estaba un matrimonio, que tenía otras viviendas en Cataluña en las que se podría estar produciendo explotación sexual.

Las primeras investigaciones condujeron a una vivienda en Barcelona, en la que fue detenida la persona encargada.

En paralelo, en los meses de marzo, mayo y junio del 2023, la Policía Nacional recibió además tres denuncias anónimas efectuadas vía web y vía telefonía, a través del Servicio de Atención a las víctimas de Trata de Seres Humanos, en las que se puso de manifiesto la existencia de una pareja que podría conformar una organización criminal, que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres en distintos prostíbulos de la provincia de Barcelona y Tarragona gestionados a través de un 'call center'.

Las denunciantes informaron detalladamente de la situación de explotación sexual de las que habían sido objeto, así como del proceso de trata sufrido por alguna de ellas.

Ante estas manifestaciones, se inició una investigación conjunta con Mossos que permitió confirmar la existencia de la organización criminal denunciada, así como identificar a sus ocho componentes, cada uno de ellos con un rol específico dentro de la banda y todos ellos orientados a lograr la explotación sexual de sus víctimas obligadas a ejercer la prostitución las veinticuatro horas al día.