El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha iniciado ya la tramitación de una Ley de Consumo Sostenible con la apertura de una consulta pública previa para sacar adelante esta nueva norma, que busca luchar contra el 'ecoblanqueo' o 'greenwashing', la regularización de la publicidad ambiental engañosa de las empresas e impulsar productos ecológicos, duraderos y reparables. 

Así lo ha anunciado este viernes la secretaria general de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea, en un acto celebrado en el Colegio de Arquitectos de Madrid con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras que se conmemora cada 15 de marzo. La intención, ha dicho, es sacar adelante la que será la primera ley en España centrada exclusivamente en fomentar el consumo sostenible, tanto desde el punto de vista de las propias personas consumidoras como desde la producción.

La secretaria general ha detallado que la nueva norma debe cumplir diversos objetivos, entre ellos, luchar contra el 'ecoblanqueo' o 'greenwashing', es decir, aquellas técnicas de comunicación engañosas o alegaciones medioambientales que no tienen respaldo científico y que son usadas por parte de algunas empresas para publicitar sus marcas como sostenibles cuando en realidad no lo son.

En este sentido, el objetivo de la ley, según ha explicado Medialdea, es "proteger a aquellas empresas que sí cumplen con los estándares de sostenibilidad y que sufren la competencia desleal de las que no lo hacen". La norma contemplará que las declaraciones medioambientales que se hagan de productos se analicen caso por caso para impedir la exhibición de distintivos que ofrezcan la impresión de que un producto tiene un impacto positivo en el medio ambiente o de que no lo tiene negativo.

Asimismo, Derechos Sociales ha adelantado que se desarrollará un índice de reparabilidad que permita comparar las características de circularidad de productos en su propio etiquetado, ofreciendo "transparencia e información para la toma de decisiones de las personas consumidoras, además de un incentivo a las compañías". Incluir el derecho a reparar como principio básico, permitiendo que, siempre que sea posible, se pueda optar por reparar un producto cuando se estropee durante su garantía e incluso posteriormente es otro de los objetivos que persigue la normativa.

Asimismo, se busca asegurar que la reparación de los productos aumente la garantía de los mismos cuando se elija esta opción, en lugar del reemplazo por otro nuevo. Medialdea ha afirmado que el objetivo de la ley será "fomentar los derechos de las personas consumidoras y, al mismo tiempo, evitar que los productos sean desechados de forma prematura para reducir, así, la generación de emisiones de gases de efectos invernadero y la demanda de recursos valiosos". 

Durante el acto, la secretaria general de Consumo también ha dado a conocer una 'Guía de Comunicación Sostenible' que ha puesto en marcha el Ministerio de Pablo Bustinduy dirigida a empresas y que lleva por título 'Cómo incluir información medioambiental en tus estrategias y campañas'.

En esta guía, de 60 páginas, se ofrece información detallada de cómo identificar el 'greenwashing' y la legislación al respecto. En el documento se recuerda, por ejemplo, que si una empresa presenta alegaciones medioambientales no verificables sobre un producto, esto podría ser considerado una práctica desleal y acarrear sanciones de hasta 100.000 euros, aunque podría sobrepasar esa cantidad hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por la práctica desleal.

La guía, además, informa de próximos cambios en términos legislativos, tanto desde el Gobierno como desde Bruselas: dos directivas en las que están trabajando las instituciones europeas sobre empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica y sobre la justificación y comunicación de alegaciones medioambientales explícitas.