La Agencia Catalana del Consumo del Departamento de Empresa y Trabajo ha recaudado durante 2023 un total de 10.529.689 euros en multas, lo que supone un incremento del 62% respecto 2022. 

El 59% del importe resuelto en sanciones, es decir, 6.196.694 euros, corresponde a empresas prestadoras de servicios básicos: inmobiliarias, suministradoras de luz y gas, entidades financieras, compañías de transportes y de telecomunicaciones.

El organismo catalán ha registrado 7.274 denuncias, un 61% más que el año anterior. Concretamente, se ha duplicado la cantidad de denuncias interpuestas por parte de administraciones (119%) por el incumplimiento de la obligación de ofrecer alquiler social. Las denuncias registradas por la ciudadanía también han crecido un 36%, principalmente por las vulneraciones de derechos lingüísticos.

Estos son algunos de los datos que ha dado a conocer este jueves el secretario de Empresa y Competitividad, Albert Castellanos Maduell, acompañado del director de la Agencia Catalana del Consumo, Albert Melià Roset, en la presentación del balance de actuaciones en 2023. 

Impulsado por grandes tenedores y alquiler social

El crecimiento en la recaudación ha sido impulsado en buena parte por el aumento de multas a grandes tenedores y de propietarios que no ofrecen un alquiler social, cuando están obligados por ley, que se han duplicado.

La normativa establece que las personas físicas o jurídicas consideradas grandes tenedores deben ofrecer un alquiler social antes de interponer cualquier demanda de ejecución hipotecaria o desahucio, o bien antes de adquirir una vivienda fruto de un acuerdo de compensación o dación en pago cuando la unidad de convivencia de una vivienda se encuentra en situación de riesgo de exclusión residencial por nivel de ingresos.

Además, la Ley 1/2022 de 3 de marzo amplió esta protección a todos los ocupantes de viviendas sin título jurídico habilitante, ya sea por vencimiento de su contrato de arrendamiento, por haber sufrido un proceso de reclamación de una deuda hipotecaria o por haber ocupado una vivienda vacía de una entidad financiera o fondos de inversión.

Más en detalle, el 59% del importe resuelto en sanciones (6.196.694 euros) corresponde a empresas prestadoras de servicios básicos: inmobiliarias, suministradoras de luz y gas, entidades financieras, compañías de transportes y de telecomunicaciones. 

Los derechos lingüísticos, una prioridad

Otra de las razones que justifican este incremento, fue el aumento de las sanciones por vulneración de lo derechos lingüístico, las que corresponden, por ejemplo, a productos que no incluyen el catalán en sus etiquetas. 

Estas se han multiplicado por nueve en solo dos años, ya que en 2021 fueron 206 y en 2023 se han incrementado hasta las 1.873. Este reclamo por parte de la ciudadanía se ha visto reflejado en un aumento de las sanciones, que el pasado año fueron de 498.852 euros, un 342% más que en 2022.

"La protección de derechos lingüísticos es una prioridad del gobierno y una demanda de la ciudadanía", ha dicho el director de la Agencia Catalana del Consumo.

Endesa y Naturgy, las empresas con más reclamaciones

En total, el organismo ha recaudado 6,2 millones de euros a raíz de multas a empresas energéticas, entidades financieras, compañías de transportes o de telecomunicaciones, pese a recibir un 3,6% menos de reclamaciones globales. Las infracciones más frecuenten han sido por deficiencias en la información que recibe el consumidor o por cláusulas abusivas.

Las empresas que ha concentrado más reclamaciones han sido dos energéticas: Endesa con 1.412 quejas y Naturgy con 1.059. En tercer lugar, se sitúa la compañía aérea Vueling con 774 reclamaciones. En cuarto y quinto lugar se encuentran Orange (771) y la Vodafone (771), respectivamente.

Entre las 10 empresas con más reclamaciones, también se encuentran CaixaBank, Telefónica, Ryanair, Energía XXI, Edistribución, en las que se han 152 acciones de control.

En 2023, Consumo ha realizado un total de 7.863 inspecciones, lo que supone un aumento respecto 2022. Del total, el 58% se realizaron motivadas por denuncias de los consumidores o por comunicaciones de otros organismos, y el 42% por iniciativa propia.

Precisamente, el año pasado Consumo asignó un inspector para cada una de las diez empresas receptoras de más reclamaciones, con el fin de establecer un mecanismo de cooperación para reducir la conflictividad y potenciar la resolución de los conflictos mediante la mediación o el arbitraje.