El alcalde de Madrid se comprometió en el Pleno de octubre, cuando calculó que la nueva normativa de pisos turísticos del Ayuntamiento podría llegar en "tres o cuatro meses", y hoy José Luis Martínez-Almeida ha confirmado que a lo largo del mes de abril se aprobará inicialmente la regulación de este tipo de viviendas. La intención es tener un marco de seguridad jurídica que evite la proliferación de pisos turísticos.
Almeida ha defendido la actuación del Consistorio madrileño con este tipo de viviendas con "más inspecciones, más sanciones" y la clausura de "más pisos turísticos", algo que no se produjo con la normativa impulsada por el equipo anterior que, a ojos del primer edil, "no ha evitado que se haya multiplicado el número de viviendas turísticas ilegales".
Se refiere al Plan Especial de Hospedaje de 2019 aprobado bajo el mandato de Manuela Carmena con el que, además de formalizar una declaración responsable ante la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, se hace obligatoria la licencia municipal que acredite que se cumplen los requisitos de la normativa de Carmena. Entre esas exigencias está el acceso independiente en los edificios donde se quieren instalar nuevos pisos destinados a ese fin. Para Almeida es evidente el "fracaso total y absoluto" de esta normativa actual.
Un anuncio que se produce después de que las 4.093 inspecciones en viviendas de uso turístico a lo largo de 2023 detectaran 478 pisos sin licencia, el 11,7% del total, y lograran recuperar otros 243 para devolverlos a su uso residencial original, según el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante.
Carabante estima que en la ciudad de Madrid hay entre unas 13.000 y 14.000 viviendas que están funcionando como viviendas de uso turístico (VUT), muchas de ellas ilegales. Por lo que la normativa que ultima su concejalía para el mes de abril tiene la intención de responder a la situación y a las denuncias del último año: un 82% llegan a través de los vecinos y un 18% a través de la Policía.
En Madrid, como en otras grandes ciudades, existe desde hace años una polémica en torno a la proliferación de viviendas turísticas y su impacto en los barrios; por lo que Almeida ha repetido en muchas ocasiones que regular este tipo de alojamientos es una de sus prioridades. Por eso, trabaja en una normativa que evite "esa multiplicación" y proporcione un "plano de legalidad, que se cumpla de manera efectiva, que es lo que no tenemos en estos momentos".
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