Hay tantas derivadas y lecturas de la ley de amnistía pactada por el PSOE y los independentistas de Junts que corremos el peligro de perdernos en los detalles y olvidarnos de lo esencial. ¿Y qué es esto tan esencial? Pues lo que venimos advirtiendo desde que la noche del 23 de julio Pedro Sánchez se dio cuenta de que solo podría seguir en la Moncloa si pactaba con un señor que huyó de España en 2017 y sobre el que aún pesa una orden nacional de detención: Carles Puigdemont.
Podremos discutir sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, sobre si las actuaciones de Puigdemont en el caso Tsunami pueden tipificarse como delito de terrorismo o sobre si este puede tener responsabilidad en las supuestas injerencias rusas en el procés que se investigan en la instrucción del caso Volhov. Y podremos discutir sobre si hay algo real en ese argumentario delirante que sostiene que todo lo que está acordando el Gobierno de España con el prófugo de Waterloo se hace en favor del reencuentro, del diálogo, de la convivencia y de no sé cuántas más cosas que se decoran con los adjetivos más empalagosos.
Pero todos, incluidos la inmensa mayoría de los votantes socialistas del 23 de julio, sabemos que la amnistía a Puigdemont y los suyos no es más que un descarnado siete por uno. O, por ser más precisos, un siete por una: yo te doy los siete votos que te permitirán seguir en la Moncloa y tú me das una amnistía que me salvará de pagar las consecuencias penales de haber intentado sacar Cataluña de España en 2017.
No hay más. Se concede la amnistía a cambio de seguir en el poder en la confianza de que la opinión pública más proclive al PSOE entenderá al cabo de los años que, durante la etapa de Pedro Sánchez, el fin siempre justifica los medios y los cambios de opinión, aunque estos últimos atropellen los valores que tan orgullosamente ha defendido este partido en sus casi 145 años de existencia.
Comentarios