El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón al Ayuntamiento de Madrid al estimar parcialmente el recurso que el Consistorio presentó para reclamar 60,9 millones de euros al Ejecutivo por los gastos de emergencia ocasionados por Filomena. Considera que la decisión de solo conceder 1,4 millones de euros no está motivada y obliga a la Delegación del Gobierno a dictar una nueva resolución.
El Ayuntamiento reclama los 59.513.767 millones de euros restantes con los que tuvo que hacer frente a las consecuencias del temporal en materia de transporte, movilidad, limpieza de accesos, afección a arbolado en zonas verdes y vías para evitar la caída sobre personas, garantía de suministro eléctrico para evitar consecuencias del frío en las personas...
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, asegura que la resolución supone un "varapalo judicial muy importante" para el Gobierno porque lo que dice la Justicia es que "no explicó de ninguna manera las razones por las que denegaba las cantidades reclamadas por el Ayuntamiento de Madrid". Además, ha criticado el "ninguneo constante" del Gobierno de España a la ciudad y asegura que "si hubiéramos sido Puigdemont, no nos habría pasado, el pago hubiera sido a la primera de cambio".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que basta examinar la resolución impugnada para comprobar que la Delegación del Gobierno "en ningún caso motiva el porqué de la reducción en la ayuda solicitada total de 60.981.624,97 euros, lo que conlleva que solo se habría concedido un 2,4% de la misma. De tal modo, no existe la necesaria motivación en sustento de una reducción que alcanza el 97,6% del total solicitado y debidamente motivado por el Ayuntamiento recurrente".
Sin motivación legal
El auto cita el artículo 7 del Real Decreto-Ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca Filomena, en el que se recoge que podrán subvencionarse "las actuaciones inaplazables que se hayan llevado a cabo con el fin de garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales". Aquí se incluye la retirada de lodos y arenas, la limpieza de vías y la evacuación, alojamiento y alimentación de personas afectadas. El TSJM considera que Delegación del Gobierno no cuestiona la necesidad de las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Madrid pero pone en duda si la subvención de 1.467.857,01 euros concedida se adecúa a la legalidad.
Los magistrados consideran que las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Madrid eran de carácter "inaplazable", hasta el punto de haberse hecho necesaria, por el Gobierno de la Nación, "de la arrogación de la función legislativa reservada a las Cortes Generales para la promulgación de un Decreto-ley", reservado precisamente para "situaciones de extraordinaria y urgente necesidad". Y cree que la reducción del 97,6% del total solicitado "y debidamente motivado por el Ayuntamiento" equivale, de facto, a la denegación de la ayuda.
Con estos argumentos, la Sala considera que las partidas rechazadas "hubieran sido merecedoras cuando menos de un razonamiento adecuado y proporcional" y, por ello, estima parcialmente el recurso del Ayuntamiento de Madrid. Ahora Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid tiene que dictar una nueva resolución que justifique la decisión de conceder solo 1,4 millones de euros.
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