Diego Arrabal y Gustavo González han sido condenados por intentar vender unas fotos en topless de Mariló Montero tomadas en 2015 mientras estaba en la habitación privada en la que se hospedaba en Bora Bora. Y, tras la sentencia, la presentadora se ha mostrado de lo más contenta por este fallo a su favor que, según sostiene, sirve también para otros rostros conocidos.
Los abogados de la colaboradora de Espejo Público, en declaraciones a El Español, aseguran que su representada está "agradecida con la Justicia", pues defiende que esta resolución es "un avance en la defensa de la intimidad de una persona pública".
Por ello, la tertuliana considera que esta victoria no es solo suya, pues afectará también a otros rostros famosos que viven lo mismo, pues es bien sabido "el acoso a las figuras públicas". "Marcará un antes y después", opina Mariló Montero.
Lo cierto es que los fotógrafos también reaccionaron y Arrabal lo hizo a través de Twitter y su canal de YouTube, donde lamentó que "en España no hay Justicia", pues ha dejado de creer en ella. "Se confirma, me quieren destruir", defendió y sostuve que la sentencia "está llena de mentiras".
Por su parte, González criticó, en declaraciones a La Vanguardia, que les hayan sentenciado a diez meses sin poder trabajar, "la condena más dura que haya existido en esta profesión" y algo que "atenta a la libertad de prensa".
Posibilidad de recurrir
La Audiencia de Barcelona condenó este jueves a Diego Arrabal y Gustavo González, paparazzis que, aunque no capturaron las imágenes, intentaron distribuirlas.
Los fotógrafos, exrostros de Mediaset, eran propietarios de la empresa que tomó las instantáneas, tal y como ellos mismos declararon en su día. Pero ha sido por intentar vulnerar su derecho a la intimidad, aun conociendo "los límites legales de su actuación", pues son profesionales del sector, por lo que la sentencia les ha sancionado con diez meses de cárcel, diez meses de suspensión de su actividad y 1.400 euros de multa, a pesar de que la denunciante pedía seis años de cárcel y una indemnización de 265.000 euros.
Aun así, tienen un plazo de 10 días para presentar un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y van a recurrir, tal y como ambos defienden.
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