La organización de consumidores Facua ha pedido al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que la futura ley de servicios de atención a la clientela fije cinco días de plazo para que las grandes empresas contesten a las reclamaciones y establezca el pago de indemnizaciones de 50 euros para los usuarios si no lo cumplen.
La asociación advierte de que el texto del anteproyecto de ley que llegó al Congreso de los Diputados en la anterior legislatura, que finalizó sin que diese tiempo a su aprobación, fue "decepcionante y estaba falto de ambición", ya que no representaba grandes avances en la protección de los consumidores, ha informado en un comunicado.
Ha destacado que la principal novedad con la que se presentó la norma, la obligación de que sea una persona y no un robot quien atienda al consumidor, era en realidad algo que ya recoge la legislación desde hace casi dos décadas.
Además, el texto elaborado por el anterior Ministerio de Consumo no incluía el derecho de los consumidores a recibir una indemnización si la empresa no contesta o supera el plazo establecido para dar respuesta a su consulta, incidencia o reclamación.
Este es un derecho reivindicado por Facua y que se recoge desde el año 2000 en la legislación del sector eléctrico —30 euros por falta de respuesta en cinco días hábiles—, pero el Ministerio decidió finalmente no incluir en la ley tras el amago de hacerlo, ha precisado.
Según Facua, los quince días de plazo en el que las empresas deberán contestar a los consumidores respondan a cuestiones que no afecten a cortes de servicios son excesivos y ha recordado que en la legislación andaluza en materia de hojas de reclamaciones es de diez días y hay regulaciones sectoriales con plazos más breves, como es el caso de los cinco días hábiles en el sector eléctrico.
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