Ordenan la retirada inmediata de las tiendas de campaña como "alquiler vacacional" en una azotea de Santa Cruz de Tenerife

Declaraciones de una de las vecinas en la azotea donde se alquilan las tiendas de campaña.
Declaraciones de una de las vecinas en la azotea donde se alquilan las tiendas de campaña.
Declaraciones de una de las vecinas en la azotea donde se alquilan las tiendas de campaña.
Declaraciones de una de las vecinas en la azotea donde se alquilan las tiendas de campaña.
Atlas

La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife ha decidido sancionar por "actividad clandestina" a la propietaria del inmueble desde el que se han instalado tiendas de campaña en la azotea de un edificio de la calle Castellón de la Plana, en el barrio tinerfeño de La Salle, tal y como ha podido confirmar 20minutos a través de María Rosa, vecina del edificio. 

Por cada noche en las tiendas, el arrendatario cobraba 12 euros y las promocionaba como una "estancia romántica". Las carpas, al estar fijadas en el cemento de la azotea, no cumplen los requisitos básicos de seguridad para el desarrollo de este tipo de actividades. 

María Rosa ha estado viviendo "un infierno" porque los huéspedes tocan el timbre de su casa a todas horas, ensucian el edificio, montan fiestas y consumen drogas. Además, otros vecinos y empresarios de la zona también han expresado sus quejas hacia esta situación y aseguran que incluso "han intentado robar en el edificio de al lado saltando por la propia azotea".

Una situación "desesperante"

Por ello, el Ayuntamiento ha ordenado la inmediata retirada de las carpas por ejercer la "actividad de alquiler vacacional sin contar con licencia o título habilitante". Los organismos prevén que la multa ronde entre los 15.000 y los 30.000 euros, según avanzó el periódico local EL DÍA.

María Rosa asegura sentirse "desesperada" con la situación y confiesa haber recurrido a la Policía varias veces hasta que, este lunes, por fin ha acudido un inspector que ha sido el que ha puesto en marcha la orden municipal de desalojo y eliminación del alojamiento vacacional.

Hasta ese momento la mujer lamenta que solo le habían propuesto dos soluciones: o un acuerdo amistoso o mudarse. Ahora el Consistorio tinerfeño concede diez días a la expedientada para que reciba la notificación y pueda presentar alegaciones. 

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