La Ley de Familia de Madrid considerará al 'nasciturus' como hijo para optar a beneficios

Una mujer embarazada durante una ecografía.
Una mujer embarazada durante una ecografía.
John Fedele/Blend Images
Una mujer embarazada durante una ecografía.

El nasciturus será considerado como parte de la unidad familiar. Este será uno de los aspectos que contemplará la futura Ley de Familia que la Comunidad de Madrid prepara. Con la nueva regulación, las madres y padres podrán optar a los beneficios económicos, fiscales y de otra índole que tendrían en caso de que su hijo o hija hubiera nacido ya. Con ello, el Gobierno regional pretende fomentar la natalidad y facilitar el ejercicio de la maternidad y paternidad en la región.

"El concebido y no nacido merece toda la protección que las administraciones podamos proporcionarle", exponía la directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, Silvia Valmaña Ochaíta, durante la última sesión de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales en la Asamblea de Madrid. La directora general ha concretado que los aspectos que se recogen ya en la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022-2026 se "completarán con la propuesta de la Ley de Familia".

"El concebido se considerará como nacido y como un miembro más de la unidad familiar a todos los efectos que sean beneficiosos para el niño o niños todavía no nacidos, la madre gestante o la unidad familiar en la que se inserten ambos", recoge la estrategia regional. La futura ley recogerá estos aspectos para que las familias puedan acceder a los distintos beneficios existentes, a nivel autonómico, en los que se recoge como baremo a los números de miembros de la unidad familiar.

Aunque gran parte de la materia es de competencia estatal y se regula en el Código Civil, la Comunidad de Madrid quiere concretar los ámbitos donde puede actuar en este tema. Los puntos que tratará la ley regional todavía no se conocen, pero con este reconocimiento se podría hacer una equiparación a la condición de familia numerosa. Esta modificación daría acceso a ventajas como descuentos en el abono transporte de entre el 20% y el 50%, dependiendo de si es categoría general o especial; una reducción en la tarifa del agua del 10% en la parte variable y descuentos en los precios para actos culturales o las tarifas para los polideportivos y piscinas municipales. Fórmulas similares podrían aplicarse también a los descuentos en los grados de las universidades públicas.

En el ámbito educativo se modificó ya la normativa para que los padres y madres pudieran realizar la reserva de plaza e inscripción de sus futuros hijos en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Para ello, los progenitores deben aportar el certificado médico oficial que acredite el embazado a la hora de presentar la solicitud. Asimismo, se tiene en cuenta a la hora de los baremos de acceso relacionados con la condición de familia numerosa. Asimismo, también aplica a la hora de solicitar una beca.

Priorizar la figura de los abuelos

Entre otros puntos que incluirá la ley de Familia autonómica está el papel de los abuelos y abuelas en el cuidado de los nietos. La Comunidad de Madrid quiere primar esta figura como "pilares del núcleo familiar". Por ello, reconocerá y facilitará el derecho de los abuelos a tener contacto con sus nietos, participando en su vida y desarrollo. Por otro lado, la Comunidad de Madrid quiere "recuperar el protagonismo de los padres en el ámbito familiar" y garantizar su libertad para decidir sobre la educación de sus hijos, según detallaban.

Cuando la normativa esté aprobada, los abuelos y familiares tendrán prioridad a la hora de adquirir la tutela de los menores cuando los padres queden privados del ejercicio de la patria potestad. En el procedimiento actual, cuando se retira la custodia, la administración se encarga del cuidado de los niños hasta que un familiar se puede encargar de ellos o pasen a un centro tutelado. Si son muy pequeños, una familia de urgencia los acoge. El Gobierno regional pretende reducir el tiempo que los menores pasan bajo la custodia de la administración y que estén bajo el cuidado de un familiar lo antes posible, primando siempre el interés superior del menor.

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