El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Yván Gil, para tratar la situación de la activista y ciudadana hispano-venezolana Rocío San Miguel, cuya detención trascendió el pasado 10 de febrero.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han indicado que Albares se ha interesado por la situación de San Miguel.
Rocío San Miguel es activista de Derechos Humanos, tiene nacionalidad española y está acusada de presuntos delitos de traición, conspiración y terrorismo.
San Miguel, que es directora de la ONG Control Ciudadano, fue detenida junto a otras cinco personas, cuatro de ellos de su familia, por supuestamente estar involucrados en un supuesto plan, denominado Brazalete Blanco, para atentar contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Los familiares de San Miguel han sido ya puestos en libertad.
La activista permanece recluida en el Helicoide, el centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Según la ONG Provea, las autoridades utilizan la "desaparición forzada" como "práctica recurrente" en el marco de su "extenso repertorio represivo".
Además, ambos ministros han abordado la situación de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Venezuela, según las fuentes consultadas, en referencia a la decisión de Caracas de expulsar al personal de la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) por "agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones".
Las autoridades venezolanas han lanzado una campaña de detenciones después de que el presidente Nicolás Maduro afirmase en enero que durante el año pasado las autoridades desmantelaron cuatro intentos de magnicidio en su contra planificados desde Estados Unidos y Colombia.
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