La Audiencia de Barcelona ha confirmado la decisión del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona de enviar a juicio un total de 46 policías nacionales por las cargas en las diferentes escuelas de la ciudad durante el 1 de octubre de 2017.
Reafirma, así, el criterio del magistrado instructor, que considera que existen suficientes indicios de delitos de lesiones y contra la integridad moral en este caso.
En la resolución, el tribunal descarta investigar a más agentes —motivo de los recursos de apelación de las acusaciones—, pero también descarta archivar la causa contra ellos, denegando las peticiones de sus defensas, con el apoyo mayoritariamente del ministerio fiscal.
La interlocutoria establece que “la calificación jurídica indiciaria que otorga la interlocutoria en los hechos descritos va más allá de simples delitos de lesiones y apunta claramente a que algunas conductas podrían ser incardinadas en el delito contra la integridad moral cometido por funcionario público".
Archivada la causa para 21 policías
La interlocutoria del juzgado, ahora confirmada, además de enviar a juicio a estos 46 policías, también archiva la causa para 21 más. Òmnium, Irídia y la ANC recorrieron contra algunos de estos archivos, pero la Audiencia los ha confirmado.
En cuanto a los agentes investigados, se han desestimado sus recursos contra su imputación. El tribunal dice que hay muchas evidencias e imágenes que indican que se podrían haber cometido abusos policiales como lesiones y delitos contra la integridad moral contra los votantes independentistas.
De hecho, el tribunal reprocha a algunos policías que aseguraron no estar en el lugar de los hechos a pesar de que las imágenes los desmienten. La Audiencia también avala que sean juzgados algunos mandos por dar las órdenes de cargas desproporcionadas.
La Generalitat dejará de ser acusación popular
La Audiencia también ha confirmado que se aparte a la Generalitat como acusación popular, puesto que dice que no hay ninguna norma con rango de ley que lo habilite para hacerlo en delitos como los que se investigan. El Sindicato Profesional de Policía también fue apartado como acusación particular.
Òmnium Cultural y Irídia, acusaciones populares, consideran que esta resolución supone un gran paso adelante en la lucha contra la “impunidad de una actuación policial no solo desproporcionada sino también delictiva”, que provocó la condena de los principales organismos internacionales de derechos humanos.
Según las entidades, esta resolución supone “un nuevo paso para acabar con la impunidad de la violencia policial y reconoce el papel imprescindible de la sociedad civil como herramienta de protección de derechos humanos ante la carencia de impulso de la fiscalía de una investigación efectiva”.
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