El gobierno de Jaume Collboni en Barcelona ha parado la revocación de licencias de piso turístico por la vía diseñada para hacer frente al caso del bloque del número 84 de la calle Tarragona, según publica 'Nació' y han confirmado fuentes municipales. "Cuando esté garantizada la seguridad jurídica, incoaremos los expedientes", indican las mismas fuentes, que apuntan que antes hay que demostrar que el instrumento "es efectivo y jurídicamente seguro" para dejar sin efecto las comunicaciones de Vivienda de Uso Turístico (HUT). 

A finales del mandato pasado, el gobierno de Colau recurrió por primera vez a la Ley catalana de facilitación de la actividad económica para evitar la apertura de decenas de pisos turísticos en este bloque de la calle Tarragona.

Aun así, fuentes municipales apuntan que de los 106 expedientes iniciados por esta vía -89 correspondientes a pisos de la calle Tarragona- en "muchos casos" los propietarios han impugnado la resolución. Por eso, el consistorio quiere esperar a garantizar la seguridad jurídica del instrumento para revocar licencias antes de incoar más expedientes siguiendo el mismo modelo del bloque de la calle Tarragona.

La Ley catalana de facilitación de la actividad económica de la Generalitat fija que se puede retirar un permiso si el negocio no se ha puesto en marcha tres meses después de obtener la licencia. Así, el gobierno de BComú -que estaba en coalición con el PSC- encontró en esta normativa un instrumento para retirar la licencia a los pisos que hacía tres meses que la tenían, pero que pasado este periodo no funcionaban como HUT porque todavía había inquilinos que residían en ellos.

BComú, que estimaba que la vía jurídica empleada permitiría cerrar hasta 900 pisos, ya ha reaccionado. La portavoz del grupo municipal, Janet Sanz, considera "un escándalo" que Collboni haya parado la retirada de licencias a través de esta fórmula y ha pedido al ejecutivo que utilice las vías jurídicas a su alcance "contra la especulación con la vivienda".

Fuentes municipales, sin embargo, matizan que la cifra de 900 pisos no es cierta, puesto que la ley solo se puede aplicar si no se ha iniciado la actividad de vivienda de uso turístico en tres meses y "esto no pasa en todos los casos".

Las mismas fuentes recuerdan que desde 2019 hasta ahora el Ayuntamiento ha tenido que dar de alta 671 viviendas de uso turístico en el censo municipal de alojamientos turísticos, y que el gran grosor proviene de sentencias judiciales.