La realidad de los fondos europeos de recuperación en España casi tres años después de su aprobación muestra dos caras. La primera —la más amable— señala que el Gobierno ha sido capaz de comprometer ya el 94% de las ayudas directas que se le asignaron al país en 2021. Se trata de 66.296 millones que el Ejecutivo y el resto de administraciones pública han empezado a mover en dirección hacia su destinatario final. La cara más amarga es la de la ejecución real, es decir, los fondos que ya han sido asignados a proyectos y beneficiarios concretos que han podido arrancar. En este apartado el balance es menos optimista: solo el 46% de la dotación original pactada con Bruselas está realmente ejecutada. Un proceso que se está dilatando especialmente en la administración autonómica, donde la información que llega es escasa.
Estas son dos de las principales conclusiones del último informe de ejecución del plan de recuperación español que ha presentado este lunes la consultora Llorente & Cuenca (LLYC), que cuenta con un departamento especializado en esta materia. Para obtener los datos de ejecución real, la consultora ha peinado las publicaciones de todas las convocatorias y licitaciones publicadas en las bases de datos oficiales. En el caso de las comunidades autónomas, donde la información es muy escasa, se han complementado los datos con estimaciones en base a las cifras de adjudicación que comunicó la ex vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en una comparecencia justo antes de abandonar el cargo.
Los investigadores de la consultora apuntan a que, con ese ritmo de adjudicación, España deberá hacer un "enorme esfuerzo" para ejecutar todos los fondos a tiempo en los dos años y medio que restan de plazo. No en vano, todos los proyectos diseñados que no se hayan puesto en marcha en agosto de 2026 perderán esta valiosa financiación.
Para que esto sea posible, las administraciones públicas tienen que adjudicar todavía 37.769 millones de euros a proyectos concretos, más de la mitad de los 70.346 millones en ayudas directas que la Comisión Europea concedió a España en el plan original. Además, hay que tener en cuenta que la administración española debe movilizar antes de esa fecha otros 9.500 millones de euros en transferencias no reembolsables y 83.200 millones en préstamos recogidos en la adenda al plan de recuperación.
Desde la consultora apuntan a que el gran cuello de botella en la ejecución está en la administración autonómica. Mientras que el Estado ha adjudicado ya el 79% de las convocatorias que ha resuelto (23.977 millones de euros), las cifras de las comunidades autónomas son todavía una incógnita. El estudio de LLYC estima que los gobiernos autonómicos han adjudicado unos 8.600 millones de euros, de ellos 5.600 millones en convocatorias y licitaciones resueltas —tal y como informó Calviño en diciembre— y otros 3.000 millones en transferencias del Estado para las comunidades. Menos de 9.000 millones que están muy lejos del total de fondos que gestionan las comunidades (24.188 millones)
"La Administración General del Estado va bastante bien. Donde podemos empezar a inferir que hay problemas de adjudicación es en las comunidades autónomas", ha señalado Paloma Baena, senior director de European Affairs and Next Generetion EU de LLYC durante la presentación del informe.
Entre las razones que explicarían ese retraso en el sector autonómico, fuentes de la consultora apuntan a la compleja burocracia del plan —con la que las administraciones territoriales están menos familiarizadas que el Estado— la falta de medios para ejecutar y la ausencia de interés en algunos proyectos. Esto último responde a las quejas que han planteado varias comunidades de que el Ejecutivo central no las ha tenido en cuenta a la hora de diseñar el plan, por lo que no tuvieron poder de decisión real sobre los proyectos que se les asignaron.
El informe de LLYC incluye detalles sobre cómo se han repartido los fondos transferidos a las comunidades autónomas. Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana se reparten la mitad de las ayudas, que totalizan 24.191 millones. Sin embargo, el reparto per cápita es muy diferente: los territorios menos poblados son los que salen más beneficiados. Así, La Rioja (1.175 euros por habitante), Baleares (830), Navarra (713) y Canarias (695) son las autonomías que más recursos han recibido por unidad de población. El último puesto de la lista lo ocupa Madrid, con unas transferencias de 382 euros por habitante. Comunidad Valenciana (448), Andalucía (451) y Cataluña (457) ocupan el resto de posiciones de cola.
Un 17% de los fondos licitados no encuentran destinatario
Uno de los grandes problemas que afrontan los gobiernos europeos a la hora de desplegar los fondos de recuperación son las licitaciones que quedan desiertas. Aunque todavía no hay cifras a nivel comunitario, LLYC estima que el 17% de los fondos europeos que se han convocado no han sido adjudicados por falta de demanda. Hablamos de 11.762 millones de euros entre el Estado y las comunidades autónomas que no encuentran dueño y para los que las administraciones tienen que abrir nuevas convocatorias si no quieren arriesgarse a perderlos cuando caduquen los plazos.
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