Hacienda obligará a presentar la Renta 2024 por internet pese a la negativa del Supremo y las protestas de los usuarios

La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
CARLOS LUJÁN / EP
La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La Agencia Tributaria ya ha comenzado a preparar la próxima campaña de la renta y esta semana ha sacado a audiencia pública el proyecto de orden por el que se aprueba el modelo de declaración del IRPF del ejercicio 2023, que se liquidará entre el 3 de abril y el 1 de julio. 

El proyecto mantiene la obligatoriedad de presentar la declaración de IRPF de manera electrónica, a pesar de que en julio de 2023, el Tribunal Supremo anuló la orden vigente desde 2018 que exigía al contribuyente la presentación de la declaración por medios electrónicos y que se volviese a dar la opción de presentar las autoliquidaciones del IRPF en papel. 

Aquel dictamen respondía a un recurso interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y establecía que, de acuerdo con la ley general tributaria, no todos los contribuyentes debían tener acceso a medios electrónicos, pues aunque es un derecho, no es una obligación. Es decir, la Agencia Tributaria volvía a tener la obligación de dar la opción de presentar las autoliquidaciones del IRPF en papel.

Nada de eso ha pasado, porque el Gobierno modificó la ley del IRPF en diciembre del año pasado bajo el manto del último paquete de medidas anti-inflación para poder obligar a que la declaración siguiese siendo exclusivamente digital. "Esta orden establece la presentación con medios electrónicos en la medida en que se garantiza la atención personalizada a los contribuyentes que precisen de asistencia para su cumplimentación", señala Hacienda ahora tras publicar su nueva orden tributaria.

Ante esta situación, la Asociación Española de Asesores Fiscales ha informado a 20minutos de que se encuentran "valorando internamente si recurrir o hacer otra actuación ante la justicia". 

Tener que realizar el trámite a través de Internet es una idea que no ha terminado de calar en los usuarios, los cuales reivindican la posibilidad de hacer la declaración de manera presencial. "Los ciudadanos lo son, tanto si son digitales como si no lo son... La Administración está para servir al ciudadano, no para imponerle cargas ni asumibles", ha afirmado el usuario José Luís Collantes en Twitter

Por su parte, Verónica Rodríguez, portavoz de la Asociación Usuarios Financieros (Asufin), asegura que "nos encontramos en un proceso de digitalización de la operativa a todos los niveles", aunque considera que debe hacerse de manera gradual y a dos velocidades para no dejar a nadie atrás. "Es deseable que sigan existiendo servicios presenciales de atención a determinados colectivos, en los que pueden presentarse problemas", cuenta a este diario Verónica Rodríguez.

Desde la Asociación Española de Consumidores (Asescon) consideran que las administraciones públicas deberían "facilitar todos los medios posibles para que sea el ciudadano el que elija la forma de presentar la renta", pues tienen en cuenta a las personas mayores o a quienes no tienen acceso a las nuevas tecnologías. 

No obstante, desde la asociación también hacen hincapié en la peligrosidad de este sistema, pues puede hacer que incrementen los fraudes. "Muchos fraudes vienen de la mano de determinadas comunicaciones falsas que simulan ser Hacienda y que reciben los consumidores. Lejos de solucionar ese problema, se agrava todavía mas cuando va haber trámites online", explica a 20minutos Miguel Angel Ruiz, presidente de Asescon.

Asistencia para quién lo necesite

Desde Hacienda han querido tener en cuenta a todos los contribuyentes ofreciéndoles  acceso a una asistencia personalizada en caso de necesitarlo, según se explica en el borrador. A través del programa 'Le llamamos', la Agencia Tributaria prestará servicio telefónico a los contribuyentes que no tengan acceso a medios electrónicos, dándoles así la posibilidad de hacer el tramite por esta vía o bien a través de asistencia presencial.

De igual forma, el Ministerio ha asegurado que los mayores de 65 años contarán con asistencia personalizada a la cual tendrán acceso en las oficinas de la Agencia tributaria, así como en determinados Ayuntamientos o por videollamada. 

Al finalizar la campaña, la institución evaluará las medidas y ofrecerá los resultados al Consejo para la Defensa del Contribuyente, el cual se encargará de realizar un informe con conclusiones y propuestas. 

Novedades en la campaña de la renta

Este año, los contribuyentes no solo tendrán que presentar la declaración de manera online, sino que tendrán que tener en cuenta otros cambios si no quieren enfrentarse a multas y sanciones.

Uno de los destacados cambios tendrá que ver con los plazos, este año los contribuyentes se enfrentarán a una de las declaraciones de la Renta más largas. El inicio de la campaña tendrá lugar 8 días antes que el año pasado y será el 3 de abril. La finalización será el 1 de julio, frente al cierre habitual que ocurre cada 30 de junio.

A nivel nacional, Hacienda presentó un paquete de medidas fiscales que permite una reducción por rendimientos del trabajo sobre sueldos brutos entre 15.000 y 21.000 euros. Tampoco será obligatorio que declaren los contribuyentes con rentas inferiores a 15.000 euros a diferencia de años anteriores, cuando el mínimo era 14.000.

A nivel autonómico, los cambios vienen con la nueva deflactación del IRPF en la Comunidad de Madrid, con el que se conseguirá un ahorro de 153 millones de euros y afectará a 3,5 millones de madrileños, según informa TaxDown. Aragón, País Vasco y Navarra también han anunciado deflactaciones para este 2024.

Los autónomos serán quienes más noten las nuevas medias. Todos los que se hayan dado de alta en 2023 deberán presentar la Renta aunque no cumplan ingresos mínimos. Además, los conocidos como gastos deducibles de difícil justificación, cuyo porcentaje de reducción se elevará hasta el 7%, reducirán la factura fiscal en 116 millones de euros para casi un millón de trabajadores por cuenta propia.

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