La ley de amnistía amparará los delitos de terrorismo "que no sean graves", pero no el terrorismo "que todos conocemos". Así justifica el Gobierno su pacto con Junts, formación con la que el PSOE firma que la medida de gracia se podrá aplicar a los investigados y condenados por delitos de terrorismo relacionados con el procés siempre y cuando estas acciones no "hayan causado violaciones graves de Derechos Humanos". Según fuentes socialistas, no se toca lo que consideraban una línea roja y que pasaba por dejar exceptuado de la aplicación de la ley los casos del terrorismo cuando haya causado muertes o torturas.
Según las explicaciones trasladadas por Moncloa, el nuevo acuerdo supone la "limitación" de a quién beneficiará la amnistía, que en todo caso será una decisión final que tendrán que tomar los jueces. Recuerdan en el palacio presidencial que tanto ERC como Junts presentaron unas enmiendas al articulado la pasada semana en las que solicitaban que la nueva redacción del texto ampliase los casos de terrorismo, lo que contraviene las directivas europeas al respecto. El PSOE finalmente ha aceptado transaccionar algunas de estas enmiendas para fijar que se realice en los parámetros del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Se fijan como límite los artículos 2 y 3, que son los que contemplan la muerte o la tortura.
"Dijimos que el terrorismo se quedaría fuera y fuera se queda cuando supone una violación de los Derechos Humanos", ha explicado el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Lo que hacemos es que se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la aplicación de la ley amnistía siempre que suponga una violación grave de Derechos Humanos, tal y como dice la directiva europea y tal y como dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales", ha insistido.
No obstante, es aquí cuando se abre el debate sobre la levedad o no del terrorismo y sus diferentes casuísticas. Insisten las fuentes socialistas consultadas en que la decisión final será del juez, que tendrá que decidir a quién aplica la medida de gracia. "Si considera que es terrorismo grave, no quedará amnistiado. Si es leve, sí", apuntan en este sentido. Cabe recordar que Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat fugado de la Justicia, está imputado por un delito de terrorismo en la causa que investiga la muerte por un paro cardíaco de un turista francés en octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat durante unas protestas convocadas por Tsunami Democràtic, organización independentista cuyo liderazgo, según el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, recaería en el expresident.
Bolaños también ha hablado de otro de los cambios aceptados por el PSOE y que hace desaparecer el requisito de que los condenados no debían haberlo sido por sentencia firme (es decir, que no puede recurrirse) para ser amnistiados, tal y como pedían los partidos independentistas. Con la nueva redacción, todos los condenados por terrorismo, incluidos los que lo hayan sido por sentencia firme en el Tribunal Supremo, podrán beneficiarse del olvido legal de sus delitos, siempre y cuando no hayan cometido delitos de sangre o relacionados con las torturas. El ministro ha explicado que "ahora" los parámetros no serán "si existe o no sentencia firme, sino si los casos violan gravemente la directiva europea". "[No estará incluido en la amnistía] nada que esté alejado del proceso independentista", ha añadido ante las sospechas del PP de que la amnistía pudiera beneficiar también a condenados por el terrorismo de ETA.
Además, el titular de Justicia y Presidencia ha hecho hincapié en diferentes momentos de la rueda de prensa que los cambios en la ley refuerzan su "seguridad jurídica". Para Bolaños, se "refuerza la función jurisdiccional" de la ley, puesto que la aplican los jueces "y son ellos quienes han de interpretarlo". Según las fuentes antes mencionadas, en el texto presentado por los propios socialistas en solitario "todo quedaba amnistiado" -puesto que no da tiempo a que se fije ninguna sentencia firme antes de la aprobación de la ley- y ahora "hay criterios para que el juez valore" sobre la gravedad o no de los casos que se han de amnistiar.
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