La exdirectora de la residencia Fiella de Tremp, donde en 2020 murieron 64 de sus 142 residentes por un brote de coronavirus, ha declarado este lunes en el juzgado del municipio que mientras ella estuvo trabajando, hasta que cogió la baja el 27 de noviembre, todo funcionaba "correctamente". Además, ha culpado del brote a las monjas que atendían a los usuarios. 

El abogado de la acusación particular, Xavier Prats, ha explicado una vez acabada la vista que la antigua responsable de la residencia, Remei Navarri, ha defendido que las acusaciones de las trabajadoras son "totalmente falsas e infundadas" y que "todo el mundo conocía el plan de contingencia" y disponía de EPIs y se aislaba a los pacientes positivos de covid-19. 

Navarri, que ha declarado por la causa por un supuesto delito contra la seguridad de los trabajadores, ha contestado solo a las preguntas que le han formulado el juez y la defensa. Prats ha contado que la exdirectora ha explicado que "todo funcionaba correctamente" y que "todas las acusaciones son totalmente falsas e infundadas".

La exdirectora ha dado una versión exculpatoria, que ha justificado alegando que ella tiene una formación de educadora social y que, por lo tanto, no tenía conocimientos de medicina ni de enfermería. 

La versión que ha dado contradice totalmente la que dieron las trabajadoras de la residencia en 2022, que afirmaron que durante el brote había "caos" y gente pidiendo ayuda al pasillo. Aseguraron que nadie conocía el plan de contingencia, que no tenían EPIs y que solo disponían de una mascarilla a la semana.

La exdirectora del centro ha declarado por primera vez ante la justicia por una de las dos causas que, junto con la exresponsable de Higiene Sanitaria, tiene abiertas por la muerte por covid-19 de 64 residentes durante la pandemia. La otra causa pendiente es por un delito de homicidio imprudente y trato degradante por la muerte de los ancianos.

Por su parte, la entonces responsable de Higiene Sanitaria también estaba citada a declarar en el juzgado de Tremp. La mujer, que se encuentra actualmente internada en una residencia para monjas de Guipúzcoa, lo ha hecho por videollamada y se ha acogido al derecho de no declarar.