Un grupo de 21 fiscales del Tribunal Supremo ha enviado este martes una misiva al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que le piden que adopte "sin más dilación" las "medidas y acciones legales de todo orden que sean pertinentes [...] para preservar la legalidad y la independencia de los tribunales" ante los "ataques" de Junts a varios jueces. Continúa así la polémica en torno a García Ortiz después de que el pasado 21 de noviembre 18 fiscales del alto tribunal le enviaran una primera misiva acusándolo de no actuar ante la creación de comisiones parlamentarias sobre el lawfare.
Desde que se aprobó el pacto de investidura entre el PSOE y Junts, un texto que hacía referencia a estas comisiones, se han sucedido los señalamientos a jueces desde la formación independentista. Y desde el Poder Judicial se han pronunciado diversas asociaciones, órganos y magistrados en denuncia de estas acciones, pero el fiscal general se ha mantenido en silencio.
En la carta enviada este martes, según ha informado Europa Press, los firmantes muestran su rechazo a "los insultos, las amenazas y las falsas acusaciones vertidas" por Miriam Nogueras, portavoz parlamentaria de Junts, que el martes pasado llamó "personajes indecentes" a varios magistrados del Tribunal Supremo.
A juicio de los 21 fiscales, las acusaciones de Nogueras, "no solo son gravemente lesivas para la dignidad personal e institucional de los afectados, sino que además son absolutamente incompatibles con la ética y el respeto institucional propios de un Estado de Derecho, al tiempo que representan un ataque injustificable contra la independencia judicial y contra la separación de poderes como principio vertebrador de una sociedad democrática".
Por ello mismo se dirigen al fiscal general del Estado, precisando que según la Constitución, el Ministerio Público que dirige "tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales". Los 21 firmantes sostienen por tanto que el mandato constitucional les "obliga" a pedir al fiscal general que actúe contra las palabras de Nogueras.
Este miércoles se reunirá el Consejo Fiscal para abordar, entre otras cuestiones, las acusaciones de lawfare contra el Poder Judicial. A petición de los vocales de la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación Judicial Francisco Vitoria, el Consejo estudiará estos ataques en un clima de enfrentamiento con el fiscal general del Estado, que no ha querido pronunciarse sobre estas ni sobre la ley de amnistía.
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