El cerco que le está echando la Comisión Europea a las grandes tecnológicas cuando no cumplen las normas sigue a pleno rendimiento y este lunes Bruselas ha confirmado la apertura de un expediente contra la antigua Twitter, ahora X, por no cumplir con la nueva norma de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), fundamentalmente en lo que se refiere a la toma de medidas para prevenir la desinformación. Además, también le expedienta por no verificar su tick azul y facilitar de esta forma la propagación de bulos.
"Cuanto mayor sea el riesgo que representan las grandes plataformas para nuestra sociedad, más específicos serán los requisitos de la DSA. Las pruebas que tenemos son suficientes para iniciar un procedimiento", explicó sobre la decisión la propia comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.
Es la primera vez que el Ejecutivo comunitario abre un expediente por incumplimiento de la nueva normativa, y ahora se abre un periodo indeterminado para que Bruselas lleve a cabo las investigaciones necesarias. Con las DSA y DMA la Unión también ha dado un paso decisivo en el camino de la soberanía digital pero, sobre todo, en una idea de "poner cierto orden en una jungla", como puede llegar a ser la red. La DSA, de hecho, es pionera para el control del sector y que nace con el objetivo de poner coto a la desinformación y al contenido ilegal en las grandes plataformas tecnológicas.
En total, afectará a 45 millones de usuarios, según los datos que maneja la Comisión Europea. Mientras, con la DMA Bruselas ha decidido imponer a Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft las normas más estrictas, en una lista en la que por ejemplo no está Samsung. Al mismo tiempo, la Comisión Europea estudia todavía los recursos de Microsoft y Apple para excluir sus respectivos servicios Bing e iMessage. "Se abren las puertas de internet", defendió en este sentido el comisario de Interior, Thierry Breton, en cuanto se aprobaron ambas normas.
La Comisión, en ese nuevo escenario, supervisará la aplicación efectiva y el cumplimiento de estas obligaciones. En caso de que un "guardián" (gatekeeper, en inglés) no cumpla las obligaciones establecidas por la DMA, el Ejecutivo comunitario puede imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocios mundial total de la empresa, que pueden llegar hasta el 20% en caso de infracción reiterada. En caso de infracciones sistemáticas, la Comisión también está facultada para adoptar soluciones adicionales, como obligar a un gatekeeper a vender una empresa o partes de ella o prohibirle la adquisición de servicios adicionales relacionados con el incumplimiento sistémico.
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