Era la madrugada del 17 de diciembre de 1983. Madrid, aquel Madrid de la movida y las libertades recién ganadas, vivía la noche. La discoteca Alcalá 20 estaba a quince minutos de cerrar. Su aforo era de 900 personas, aunque cuando había concierto era habitual que lo superara con creces. A las 4:45 de aquel día se declaró un incendio en la última de las plantas subterráneas del local.

Un pequeño cortocircuito convirtió la pista de baile en un inmenso infierno. El fuego se propagó con la velocidad con la que arden la tela, el cartón y el plástico, los tres materiales con los que estaban decorados los tres pisos de la discoteca. El resultado fue que, carbonizadas, intoxicadas, asfixiadas o aplastadas, murieron 81 personas.

Aquel incendio fue la mayor tragedia en este tipo de locales de ocio en España. Aquellos 81 jóvenes fueron víctimas de la ausencia de medidas de seguridad. La tragedia de Alcalá 20 dejó al descubierto hasta 19 deficiencias en el establecimiento.

Todo comenzó con una chispa

Un cortocircuito generó una chispa que prendió una cortina. El fuego se propagó rápidamente porque los materiales empleados en la decoración eran altamente inflamables. Las personas que apuraban bailando aquella noche, más de 400, se vieron sorprendidas por la intensa humareda que se originó.

EFE

Los camareros de Alcalá 20 echaron mano de los extintores en un intento por reducir las llamas. Pero la mayoría de ellos no funcionaban. Apagar el fuego se hizo imposible. La falta de luz eléctrica en un local con apenas iluminación exterior a esas horas de la noche, dificultó aún más la extinción.

La huida posterior se hizo igual de complicada. Escapar de los 5.000 kilos de decoración altamente inflamable resultó misión imposible... o casi.

Avalanchas y atropellos al intentar huir

La primera opción de los que se encontraban en la discoteca fue optar por la salida principal. Algunos lograron salir por ella, pero el acceso rápidamente se colapsó dando lugar a avalanchas y atropellos. Casi la mitad de las víctimas mortales lo fueron al ser aplastadas. "Tuvimos que abrirnos paso a puñetazos porque la gente estaba presa del pánico y no podía controlarse", declaró un superviviente.

No ayudó el diseño interior del establecimiento: sus tres pisos, sus diversos nichos y rincones ocultos, y los pasillos serpenteantes. Todo ello contribuyó a la confusión de las personas que intentaban escapar. Rafael Noja, jefe de los Servicios de Emergencia de Madrid aquella madrugada, calificó las rutas de salida de "difíciles".

Otros optaron por las salidas de emergencia, pero se toparon en su mayoría con puertas clausuradas que les impidieron la huida. Solo una salida, la que daba a un vestíbulo situado en la calle de Alcalá, permitió a varios jóvenes salir de la discoteca tras sortear unas verjas.

Tuvimos que abrirnos paso a puñetazos porque la gente estaba presa del pánico y no podía controlarse"

Según los forenses, 31 de los 81 muertos lo fueron directamente por culpa del fuego, 13 por inhalación de humo y 36 aplastados o asfixiados al tratar de huir. Y sin embargo, la inspección de seguridad de unos meses antes (fechada el 9 de septiembre) certificaba que había seis salidas de emergencia y que las instalaciones eléctricas se ajustaban a la normativa. Pero no era exactamente así.

Diez años para una sentencia

De la investigación se ocupó el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. La acusación se dirigió hacia los cuatro dueños del local, el electricista que realizó la instalación y el inspector del Ministerio del Interior que no observó las muchas deficiencias de seguridad que presentaba el recinto.

Tuvieron que pasar diez años para que se iniciara el juicio. La sentencia de la Audiencia de Madrid llegó en abril de 1994 y condenó a dos años de cárcel por un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte, lesiones y daños a los cuatro dueños del local (Emilio Urdiales, Pedro Rascón, Doroteo Martín y Carlos Mendoz), al electricista (Miguel Gabaldón) y al funcionario encargado de inspeccionar el local (Guillermo Herranz).

Indemnizaciones: 2.000 millones de pesetas

Se fijaron unas indemnizaciones cercanas a los 2.000 millones de pesetas, declarando al Estado como responsable civil subsidiario. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo. Este la ratificó salvo en el caso del inspector Guillermo Herranz, que vio su condena rebajada al considerar que los hechos eran constitutivos de una falta simple de imprudencia y no de un delito.

Ningún político asumió responsabilidades por la tragedia. El único cargo político juzgado, el ex concejal del Ayuntamiento de Madrid Emilio García Horcajo, fue absuelto.

Dos intentos frustrados de reapertura

En noviembre de 2005 hubo un intento de reapertura de Alcalá 20, pero resultó frustrado. Se cumplían 22 años de la tragedia. La discoteca, ahora bautizado como Adraba, quiso reabrir pero el Ayuntamiento de Madrid lo impidió unas horas antes porque no contaba con licencia de funcionamiento. 

Dos años después los dueños de Adraba lo volvieron a intentar. La discoteca fue clausurada de madrugada, sólo unas horas después de que se llevara a cabo su apertura. Seguía sin tener licencia de funcionamiento, aunque la empresa repitió, como en 2005, que la habían conseguido por silencio administrativo.

Hoy, 40 años después de la tragedia, en aquel local funciona la Sala Coco, que acoge cada semana las sesiones de dos nightclubs: Mondo Disko y La Discoteca.